Las protestas frente a organismos del Estado volvieron a las calles de Panamá para reclamar celeridad en la investigación y castigo a los culpables de abusos infantiles denunciados recientemente, pero sin sanciones hasta hoy.
Los manifestantes criticaron la inercia en las actuaciones judiciales, después de un primer impacto cuando se desató el escándalo tras un informe parlamentario, el cual recogió confidencias y pruebas testimoniales de maltratos y hasta violaciones sexuales en albergues de niños bajo gerencia privada o de organizaciones benéficas.
La diputada suplente de la bancada independiente Walkiria Chandler, sostuvo a medios locales de prensa, que ‘preocupa mucho el manejo político’ al caso, aseveró que hay personas importantes involucradas y se preguntó cómo la Fiscalía no actuó contra ellos, dijo según un reporte del canal Telemetro.
Las diligencias del Ministerio Público (MP) alcanzaron a principios de marzo a 56 hogares de infantes e instituciones afines donde hicieron inspecciones oculares, mientras avanzan 18 investigaciones por presuntos delitos de maltratos físicos, psicológicos y hasta abusos sexuales a una veintena de menores.
El MP imputó a seis personas relacionadas con el expediente por delitos sexuales, maltrato a menores y peculado o malversación, todas ellas ‘mandos bajos’, dijo la diputada, quien es una de las redactoras del informe de la Asamblea Nacional que desató las actuaciones.
Otro acusado por actos libidinosos y corrupción de menores en perjuicio de una niña de 12 años, ocurridos en 2018 en un albergue de la provincia caribeña de Colón, recibió un fallo de culpabilidad y se espera que un juez dicte la sentencia por este caso en el que la Fiscalía pidió 21 años de prisión.
Aunque las denuncias son de vieja data, a mediados de febrero se conoció de la investigación realizada por el grupo legislativo, que tras medio centenar de testimonios y una investigación que duró seis meses, denunció ‘evidencias concretas de abusos, violencia y maltratos físicos a niños, niñas y adolescentes’ en refugios para infantes.
Esos hospedajes acogen a menores de edad que provienen de hogares vulnerables socialmente o en situaciones de pobreza extrema y están bajo la supervisión de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, entidad pública multisectorial.
El asunto trascendió las fronteras panameñas y obligó al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia a expresar su ‘profunda preocupación’ por las denuncias, instó a las autoridades a una rápida investigación y recordó que los infantes en los albergues están bajo ‘protección especial del Estado’.
Esa institución también pidió no dilatar más una ley que garantice la protección integral de la niñez y la adolescencia, lo cual fue varias veces recomendado por el Comité de los derechos del Niño, y al mismo tiempo ’emplazó’ al Gobierno a proceder con ‘carácter de urgencia’ en el sistema de protección a los más jóvenes.
(Fuente: Prensa Latina)
