Medidas de EE.UU. contra Cuba durante la COVID-19: recrudecimiento con elecciones a la vista

Desde que comenzó el mandato de Donald Trump las sanciones a Cuba han ido aumentando y este 2020, año de elecciones, ha estado marcado por una serie de medidas unilaterales que buscan asfixiar la economía cubana, ya en peligro por la crisis causada por la COVID-19.

El grupo de acciones y amenazas tiene como principal objetivo ganar votantes, sobre todo en la Florida, uno de los estados pendulares, decisivo por su población latina y dentro de esta la cubana, un nicho en el que el actual presidente espera ganar simpatías.

Tanto es así que recientemente Trump se reunión con los exmercenarios que participaron en la invasión a Playa Girón, y aprovechó la cita para anunciar nuevas decisiones relacionadas con Cuba que pasan por las libertades de los estadounidenses.

Entre estas destaca la creación de una nueva lista de Alojamientos Prohibidos en Cuba, que incorpora a entidades del Gobierno cubano, de un funcionario de este, de un miembro del Partido Comunista de Cuba, o de los familiares cercanos de estos.

También se ha anunciado que se restringirá la importación hacia EE.UU. de productos de alcohol y tabaco de origen cubano, y se les quitará la autorización a personas sujetas a la jurisdicción estadounidense de asistir u organizar reuniones o conferencias profesionales en Cuba.

Además, se elimina la autorización mediante licencia general para las transacciones relacionadas con actuaciones públicas, clínicas, talleres, competiciones deportivas y de otro tipo y exposiciones.

Estas no son las primeras medidas relativas a Cuba que buscan ganar simpatías en los grupos tradicionalmente contrarrevolucionarios y seguramente no serán las últimas, a la vez que en época de campaña el actual presidente intenta despertar el miedo y el odio de los votantes hacia todo lo que suene a socialismo o comunismo, un par de palabras que ha usado para desacreditar a su contrincante demócrata, Joe Biden.

En lo que va de 2020, además de las recientes, se han tomado más de una decena de medidas, la mayoría de ellas anunciadas durante la pandemia de la COVID-19, un recrudecimiento de las sanciones contra Cuba que los expertos han considerado sin precedentes.

Tan temprano como en enero de este año el Departamento de Estado anunció la ampliación de sus restricciones de viaje hacia Cuba, la cual incluía también a los vuelos chárteres que se dirigían a aeropuertos de provincias, exceptuando el de la capital.

Mediante un comunicado de prensa divulgado el 10 de enero, la administración Trump precisó que los operadores de vuelos chárteres tendrían un plazo de 60 días para suspender las rutas a nueve aeropuertos cubanos; solo quedaron las rutas a La Habana, y en ese caso con una nueva restricción en el número de vuelos al Aeropuerto Internacional José Martí.

En relación con esto, más adelante este año también suspendieron todos los vuelos chárteres privados entre EE.UU. y Cuba, excepto los autorizados a La Habana y otros con fines médicos de emergencia, búsqueda y rescate y los considerados de interés para el país norteamericano.

Para febrero de 2020 el presidente estadounidense renovó por otro año el decreto de emergencia nacional sobre Regulación del anclaje y movimiento de embarcaciones con respecto a Cuba, que data de 1996 pero que ha sido renovado por la Casa Blanca desde entonces.

La declaración no hizo mención alguna del acuerdo firmado entre Cuba y Estados Unidos el 12 de enero de 2017, durante el mandato presidencial de Barack Obama, que constituyó un paso de avance en las relaciones bilaterales y a favor de una migración normal entre los dos países.

También en febrero entró en vigor la nueva normativa de la compañía estadounidense Western Union, que elimina la posibilidad de enviar remesas a Cuba desde terceros países, así que estas solo podían ser recibidas desde los Estados Unidos.

En enero del propio año la compañía había anunciado que podía perder su capacidad de operar transacciones con destino a la isla debido a desafíos singulares del servicio que operaba las remesas desde países fuera de Estados Unidos hacia Cuba.

Estados Unidos acusó en mayo a Cuba de “no cooperar completamente” en la lucha antiterrorista con Washington, el país no aparecía en la lista desde 2015 y se dice que este paso busca designarlo de nuevo como Estado patrocinador del terrorismo.

Con base en esa normativa, se prohíbe la venta o licencia para la exportación de artículos y servicios de defensa al país caribeño y a los otros Estados incluidos en la lista negra estadounidense, que acusa a Cuba de no “apoyar los esfuerzos de Colombia para asegurar una paz, seguridad y oportunidad justa y duradera para su gente”, según señala el documento.

Se ignora a sabiendas que Cuba apoyó y auspició negociaciones entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el Gobierno con el objetivo de lograr un acuerdo de paz entre ambas partes.

Este año, además, la Lista de Entidades Cubanas Restringidas ha sido actualizada en dos ocasiones, una en junio -momento en que se agregaron seis entidades y se modificó una- y otra hace apenas unos días, a finales de septiembre, cuando sumaron a la empresa American International Services (AIS) que procesa envíos de dinero a Cuba.

Por su parte, el Departamento del Tesoro denegó en junio la licencia que permitía a Marriott International operar un hotel en Cuba, y prohibió a la compañía desarrollar futuros negocios en el país.

Encima de todo esto, en julio la nación antillana fue incluida en la Lista de Adversarios Extranjeros de los Estados Unidos, determinación tomada a raíz de una orden ejecutiva firmada en mayo por el presidente Donald Trump, para proteger las instalaciones y los sistemas de control de la red eléctrica de las “actividades maliciosas” de actores extranjeros.

En agosto el Departamento de Estado levantó la alerta de viajes global que había extendido debido a la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2, pero mantuvo la recomendación a sus ciudadanos no viajar a 20 países de América Latina y el Caribe, entre los que incluye a Cuba, a pesar de que el manejo de la crisis en el país había sido alabada por muchos.

También en ese mes se extendió por un año de la Ley de Comercio con el Enemigo, aprobada por el Congreso Federal el 6 de octubre de 1917, y que otorga al presidente la facultad para restringir el comercio con países supuestamente hostiles a Estados Unidos.

Cuba es hoy el único país para el cual está vigente esta normativa que otorga la posibilidad de aplicar sanciones económicas en tiempo de guerra o en cualquier otro periodo de emergencia nacional, y prohíbe el comercio con el enemigo o aliados del enemigo durante conflictos bélicos.

Las últimas medidas anunciadas por el presidente Trump se suman a cientos de hechos similares con las que Cuba ha tenido que lidiar durante años, y la lista, que sigue creciendo, solo demuestra, hasta ahora, la ineficacia de tales medidas, pues han sido los ciudadanos de ambos países y alguno de terceros, los más afectadoscon estas, más ahora que el mundo vive una pandemia.

Tomado de la ACN

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