Guantánamo (Redacción Solviosión) Hoy la Corte Constitucional anuncia su decisión sobre el uso del fast track o vía rápida para tramitar y emitir las leyes de la paz, fallo considerado clave tanto por el Gobierno colombiano como por las FARC-EP. Tras la validación en el máximo órgano legislativo del pacto de paz suscrito entre el presidente Juan Manuel Santos y el líder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), Timoleón Jiménez, lo que resta es implementar con rapidez todo lo concertado para evitar retrocesos.
La ley de amnistía es una de las primeras que deberá evaluar el Parlamento pues además de conceder seguridad jurídica a los futuros desmovilizados constituiría un estímulo para procesos medulares como el desarme de esa guerrilla, la mayor del país, afirman expertos.
Fruto de casi cuatro años de diálogos públicos en Cuba el consenso actual tiene como base el oficializado en Cartagena de Indias en septiembre y rechazado luego en el plebiscito de octubre por la mayoría de los participantes en ese ejercicio democrático.
Tras un debate nacional dicho documento fue reajustado, rubricado en el capitalino Teatro Colón y autentificado en el Congreso.
Por ello, de la sentencia de la Corte Constitucional depende en buena medida que la paz pueda abrirse camino al afianzar disposiciones en vigor como el cese el fuego bilateral e impulsar otras pendientes, opinan políticos y analistas.
Debido a su importancia en el recién iniciado período de postconflicto, las FARC-EP y el Ejecutivo pidieron a la Corte Constitucional dar vía libre al fast track, llamado al que se sumaron legisladores, defensores de derechos humanos y otras voces.
La iniciativa ciudadana Paz a la Calle, promotora de multitudinarias marchas, convocó a una movilización esta mañana para exigir la aprobación del mecanismo expedito y facilitar así los pasos sucesivos después de sortear obstáculos como la victoria del No en el plebiscito.
Tal método (el fast track) tiene un doble significado: es una fórmula ágil de tramitación y de adopción de normas, de reformas constitucionales; también impediría cualquier tergiversación o deformación del espíritu original de los convenios, declaró a Prensa Latina el senador Iván Cepeda, impulsor de los diálogos con la insurgencia.
Prolongada durante más de medio siglo, la guerra interna ha dejado unos 300 mil muertos, casi siete millones de desplazados de sus lugares de origen y al menos 45 mil desaparecidos.
Mediante el acuerdo rubricado el pasado 24 de noviembre el Gobierno y ese movimiento rebelde se comprometieron a terminar la larga confrontación, texto el cual abarca determinaciones como el cese de las hostilidades y enfrentamientos, el desarme de los insurgentes y su reincorporación a la vida civil.
Quedaron consignados en el trascendental trato los caminos para la reparación de los daños causados a las víctimas de la contienda, la búsqueda de las personas dadas por desaparecidas en el contexto del conflicto y el combate contra el tráfico ilícito de drogas con un nuevo enfoque, entre otras cuestiones.
El sábado Santos recibió el Premio Nobel de la Paz por sus esfuerzos para terminar la guerra con ese grupo, falta ahora ejecutar lo consensuado e instalar una mesa de concertación similar con el igualmente guerrillero Ejército de Liberación Nacional, menos numeroso que las FARC-EP pero activo hace 50 años.
Licenciada en Español – Literatura. Periodista. Profesora Asistente. Habilitada en guión y realización de programas de TV. Editora del sitio digital de la televisión de la provincia de Guantánamo. Bloguera y activista de las Redes Sociales