Un año ha transcurrido ya, y si fuera necesario definirlo en una palabra no hay otra más explícita para ello que «trascendental». Doce meses de un hacer incesante desde que, teniendo una vez más como amparo el sueño que nos legara Martí de una República de excepcional humanismo, más de ocho millones de cubanos dieron su apoyo a la que es, desde el pasado 24 de febrero, Ley Suprema de la sociedad cubana.
La aprobación de un texto constitucional más avanzado no fue solo prueba fehaciente de la continuidad que ha marcado el devenir de nuestro proceso revolucionario, sino, al mismo tiempo, punto de partida hacia una etapa de trabajo intensa y retadora.
Los Lineamientos, el Plan de Desarrollo hasta 2030 y la Conceptualización del modelo económico y social cubano, nos demostraron que la Cuba de estos tiempos reclamaba transformaciones, para hacer más sostenible, desarrollado, proactivo, y por ende, más justo y rico en oportunidades nuestro sistema social. Para eso, indudablemente, era necesaria una nueva Constitución.
Sin embargo, el consenso colectivo para la estructuración de la Carta Magna, su aprobación en referendo y su proclamación en otra histórica fecha, el 10 de abril, trazaron un camino, dirigido en dos direcciones esenciales: la aprobación de todo un marco legal y regulatorio que permita llevar a vías de hecho su contenido, por una parte, y por la otra, el reordenamiento de las estructuras del Estado y el Gobierno, de manera que sean más funcionales, eficientes y objetivas en pos de un fin supremo: el crecimiento de nuestro país en todos sus frentes.
Esas han sido durante este año, metas irrenunciables y sostenidas con disciplina y orden, a la par del enfrentamiento permanente a la enfermiza política del Gobierno estadounidense contra Cuba, y las incontables tensiones derivadas de ella.
La imprescindible tarea de legislar
Intenso ha sido durante 2019 el ejercicio legislativo del Parlamento cubano. Varias leyes han sido aprobadas ya por nuestros diputados, en correspondencia con lo dispuesto en la propia Constitución, y ante la necesidad de regular ciertos procesos indispensables desde los puntos de vista social y económico.
Durante la primera sesión ordinaria posterior a la proclamación de la nueva Carta Magna, vieron la luz tres de esos textos legislativos de incalculable valor: la Ley 127 o Ley Electoral, la Ley 128 o Ley de los Símbolos Nacionales de la República de Cuba, y la Ley 129 o Ley de Pesca, esta última, aprobada por primera vez en Cuba.
Lógicamente, nuestra Carta Magna vigente recoge importantes cambios en el orden constitucional, por lo que su disposición transitoria primera, determina que en el plazo de seis meses a partir de su entrada en vigor, debía ser aprobada por la Asamblea Nacional una nueva Ley Electoral, claro, con el fin de garantizar primero la estructuración de los Consejos Electorales a todos los niveles y la posterior elección de las nuevas figuras que describe el texto constitucional, y que, por tanto, no se correspondían con lo regulado en la ley anterior, del 29 de octubre de 1992. Asimismo recoge, como es lógico, los procedimientos para la elección de figuras ya conocidas como los diputados, los delegados a la Asambleas Municipales del Poder Popular y la dirección de estas.
Por su parte, la Ley de Símbolos Nacionales permitirá, como explica, resolver las problemáticas manifiestas en las regulaciones hasta entonces vigentes. Al mismo tiempo, flexibiliza hasta cierto punto el uso de esos símbolos, en correspondencia con los intereses de los ciudadanos cubanos.
En el caso de la Ley de Pesca, su segundo Por Cuanto deja claro «el objetivo de establecer la ordenación de los recursos pesqueros bajo los principios de conservación, el uso sostenible, el enfoque precautorio, la implementación de criterios científico-tecnológicos y la protección de los ecosistemas, en correspondencia con las normas nacionales e internacionales y los principios de seguridad y soberanía alimentaria para que de forma progresiva, flexible y efectiva, se garantice la implementación de la política pesquera cubana».
Ya para el cierre de 2019, en su última sesión ordinaria, la Asamblea Nacional aprobó dos nuevas leyes, esenciales en el proceso de perfeccionamiento de los órganos del Poder Popular: La Ley de Organización y Funcionamiento de las Asambleas Municipales y los Consejos Populares, y la de Organización y Funcionamiento de ese órgano y del Consejo de Estado, como estructura que la representa entre una sesión y otra.
Por delante queda un arduo trabajo en materia de legislación, cuya complejidad se refleja en el cronograma aprobado para ese fin, con un total de 70 normativas entre leyes y decretos leyes hasta 2023, y otros 24, desde ese año hasta 2028. Todos, sin duda alguna, dirigidos al óptimo funcionamiento orgánico de la nación cubana.
Estructuras más funcionales y atemperadas al momento actual
El primer mes del año trajo consigo dos procesos estrechamente relacionados que contribuyen no solo a fortalecer las estructuras del Estado, sino a lograr un nivel mayor de protagonismo de los territorios en la toma de decisiones, la búsqueda de soluciones locales a los problemas, el tránsito hacia procesos más horizontales que impliquen razonar y asumir estrategias de acuerdo con la realidad más cercana, así como en el avance hacia la autonomía municipal.
Primero, los delegados a las asambleas municipales del Poder Popular de todo el país eligieron en sus respectivas provincias a los Gobernadores y Vicegobernadores. Después, aprobaron también, a propuesta de sus presidentes, a quienes ya ocupan los cargos de Intendentes. Cada una de estas figuras, con atribuciones recogidas dentro de la Carta Magna.
Sin embargo, a este paso antecedieron otros, que implicaron cambios a los más altos niveles de dirección del país y de la propia Asamblea Nacional del Poder Popular (anpp), máximo órgano de dirección del Estado, que eligió de entre sus miembros a su Presidente, Vicepresidente y Secretario, que lo son a su vez del Consejo de Estado.
El motivo esencial de esa decisión es que el Consejo de Estado es el órgano que representa a la anpp en los periodos entre sesiones y le rinde cuentas a esta de sus actividades. Aunque tiene la facultad de aprobar decretos leyes, que pueden ser fundamentales para la realización de determinados procesos en el país, los mismos deberán ser ratificados por la Asamblea Nacional en su sesión más próxima. Sus competencias están definidas con claridad en la Constitución.
También correspondió a este órgano la elección del Presidente y Vicepresidente de la República. El primero, electo de entre sus miembros, con un voto favorable de la mayoría absoluta, por un periodo de cinco años, y que también le rinde cuenta de su gestión. El segundo, electo del mismo modo, cumple las atribuciones que le sean delegadas o designadas por el Presidente.
Con claridad define la Carta Magna cubana la estructura del Gobierno de la República, constituido por el Consejo de Ministros como máximo órgano ejecutivo y administrativo. Lo encabeza otra de las nuevas figuras identificadas en el texto constitucional: el Primer Ministro. Este, a su vez, es el Jefe del Gobierno de la República. La designación de este último se produjo a partir de la propuesta del Presidente de la República, con el apoyo de la mayoría absoluta de nuestros diputados.
Más allá de los términos constitucionales
Aunque en breve síntesis este texto ofrece un resumen de los diferentes pasos que se han cumplimentado como parte de la materialización de los presupuestos constitucionales, la verdadera esencia de cada uno de ellos y su impacto dentro de la sociedad, va mucho más lejos del lenguaje jurídico o de los términos que componen un documento del rango de una Constitución.
La realidad es que todo lo logrado hasta hoy, y lo que aún queda sobre el tapete, que no es para nada despreciable, tiene un protagonista indiscutible: el pueblo, y con esa profunda esencia popular ha sido ejecutado. No olvidemos nunca que los diputados representan hasta al más humilde de los cubanos, al que vive en la zona más intrincada, al que es aún muy joven o al que ya peina canas.
No olvidemos tampoco que el hecho de haber aprobado en referendo constitucional la Carta Magna, y haberla enriquecido con nuestros criterios, en amplia consulta popular, implica también que la mayoría apoya los procesos que se derivan de sus capítulos y secciones.
Este ha sido, por encima de todo, un año de aprendizajes, de entender que transformar es un principio cimero para desarrollar, crecer y ampliar los horizontes a los que aspiramos. Todo lo que hagamos en conjunto, con esa convicción de «pensar como país», se revierte en beneficio suyo, mío, de nuestra familia, de las personas que amamos y que tienen el privilegio de vivir en esta Isla.
Nuestro Apóstol nos demostró desde la grandeza infinita de su persona y la innegable profundidad de su verbo, que a las estrellas no se sube por caminos llanos, y de esa sabiduría interpretamos, por tanto, que si el motor que nos mueve es la voluntad, por muy accidentado que sea el camino, no es imposible tocarlas, con la conducción certera de nuestros líderes.
Licenciada en Español – Literatura. Periodista. Profesora Asistente. Habilitada en guión y realización de programas de TV. Editora del sitio digital de la televisión de la provincia de Guantánamo. Bloguera y activista de las Redes Sociales