Según diversos reportes de prensa, debe ser el miércoles cuando esa instancia del Capitolio someta a consideración las imputaciones, y dada la superioridad demócrata en ese hemiciclo, es casi segura la aprobación de cada una de ellas.
Los cargos contra el presidente son resultado de la investigación de juicio político lanzada a finales de septiembre, la cual se centró en los llamados de Trump a que Ucrania abriera una pesquisa sobre las elecciones norteamericanas de 2016 y otra sobre el exvicemandatario y precandidato presidencial demócrata Joe Biden.
De acuerdo con el primero de los artículos de juicio político, mediante el uso de los poderes de su alto cargo, el gobernante solicitó la interferencia de un gobierno extranjero en las elecciones presidenciales de 2020.
Ese apartado también señaló que condicionó la entrega de 391 millones de dólares de ayuda militar a Ucrania, y un posible encuentro en la Casa Blanca con su homólogo de esa nación, Volodymyr Zelensky, a que Kiev anunciara públicamente las indagaciones demandadas por Washington.
Asimismo, en el acápite sobre la obstrucción del Congreso se indica que varios comités presentaron citaciones para solicitar documentos y testimonios, ante lo cual Trump ordenó al ejecutivo no cumplir con ellas.
Pese a las revelaciones de la pesquisa de juicio político, hasta ahora ningún legislador republicano apoya públicamente el proceso contra Trump, lo cual hace que la investigación y el casi inevitable juicio político que tendrá lugar en el Senado en enero próximo sean completamente partidistas.
A decir de varias fuentes, eso resta mérito y fuerza a los empeños demócratas por buscar la destitución del gobernante, sobre todo cuando el desenlace prácticamente seguro de estas acciones es que Trump será absuelto en la Cámara Alta controlada por su propio partido político.
La decisión de avanzar con estos procedimientos resulta entonces un movimiento tremendamente arriesgado para los demócratas, y aunque en los últimos meses varios sondeos arrojaron un apoyo creciente entre los votantes al juicio político, el país se mantiene muy dividido con relación a este tema.
De hecho, una encuesta difundida ayer por el diario USA Today y la Universidad de Suffolk arrojó que un 51 por ciento de los estadounidenses se oponen a que el Senado condene al presidente y lo remueva del cargo, si bien un 45 por ciento sí está a favor de su destitución.
Además de la votación sobre los artículos de juicio político, los legisladores tendrán otros temas importantes que atender en los días venideros, entre ellos la aprobación de proyectos de leyes de gastos que deberán estar listos para el viernes con el fin de evitar un cierre de gobierno como el sufrido al finalizar 2018.
Reportes periodísticos señalaron que la Cámara Baja espera analizar mañana las 12 legislaciones de gastos que cubren las asignaciones para el actual año fiscal, con el fin de darle tiempo suficiente al Senado para avalarlas también antes de la fecha límite.
Asimismo, la publicación The Hill adelantó que los representantes esperan dedicar el jueves al Acuerdo comercial Estados Unidos-México-Canadá, luego de que la semana pasada los demócratas de ese órgano y la Casa Blanca llegaron a un pacto sobre el tema.
El viernes último la mansión ejecutiva envió un texto de implementación al Congreso, con lo cual empezó el proceso encaminado a ratificarlo, luego de modificaciones demandadas por los miembros de la fuerza azul con relación al texto original.
Sin embargo, los cambios han provocado preocupación en México, la único de las tres naciones envueltas en el pacto cuyo legislativo ya confirmó el mecanismo, y por eso el territorio latinoamericano ayer rechazó la pretensión de Estados Unidos de inspeccionar las reformas laborales en ese país.
A raíz de eso, el subsecretario mexicano para América del Norte, Jesús Seade, anunció que se trasladaría de inmediato a Washington D.C. para hablar con el representante comercial estadounidense, Robert Lighthizer.