Los ministros de Minería y de Gobierno de Bolivia, César Navarro y Carlos Romero, respectivamente, presentarán este miércoles ante la Asamblea Legislativa Plurinacional un informe detallado sobre el conflicto con los cooperativistas mineros. Según Navarro, el informe demostrará al país que el gobierno siempre apostó por el diálogo con los cooperativistas para solucionar el conflicto, que se originó por el supuesto rechazo a una ley que permite la sindicalización en el sector.
Tras las protestas violentas de fines de agosto se encontraba en marcha un golpe de Estado dirigido a subvertir las políticas sociales y de defensa de los recursos naturales adoptadas durante la última década por la administración del presidente Evo Morales.
En los últimos días, sectores derechistas intentaron manipular a la opinión pública con la divulgación en redes sociales de un video donde se muestran las últimas horas de vida del viceministro.
Las imágenes fueron tomadas en la mañana del 25 de agosto, horas antes de que hordas de cooperativistas mineros torturaran y mataran a la autoridad del Estado en las inmediaciones del poblado de Panduro, a unos 185 kilómetros al sur de La Paz.
Este intentaba promover el diálogo con el sector cooperativo minero que mantenía un bloqueo de carreteras. El sector opositor intenta inculpar al gobierno sobre la supuesta falta de gestiones para salvar la vida de Illanes.
El Ministro de Minería afirmó que existen documentos donde se evidencia que el Gobierno invitó en varias oportunidades a los dirigentes de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras, para evitar que el conflicto se agudizase y bloquearan las carreteras.
Pero, además, demostraremos violaciones a acuerdos por parte de ese sector para llevar adelante el diálogo, agregó Navarro.
El lunes, representantes de organizaciones sociales rechazaron las manipulaciones de la derecha.
La oposición utiliza la mentira para confundir a la población, explicó a medios de prensa, Feliciano Vegamonte, secretario ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia.
Por su parte, la secretaria ejecutiva de la Confederación Sindical de Mujeres Campesinas de Bolivia ‘Bartolina Sisa’, Juanita Ancieta, afirmó que todos los bolivianos están en la obligación de aportar a las investigaciones y no tergiversar la información con fines políticos, como hace la derecha.
La ministra de Comunicación, Marianela Paco, denunció la existencia de una conspiración articulada desde sectores opositores con el objetivo de reeditar en este país un golpe parlamentario o judicial como en Brasil.
Denunció que el objetivo de responsabilizar al mandatario con la muerte de Illanes es para procesarlo, como hicieron con la presidenta Dilma Rousseff en Brasil, como parte de un golpe de Estado judicial y parlamentario.
