El contexto del ordenamiento monetario, necesariamente, introduce transformaciones en el presupuesto del Estado cubano, que para este 2021, entre la búsqueda de un uso más adecuado de los recursos, pretende eliminar los subsidios excesivos, sin dejar a un lado el carácter mayoritariamente social que define sus funciones, con el ser humano en el centro de la vida del país.
Así se expresó en la Mesa Redonda ayer Meisi Bolaños Weiss, titular del Ministerio de Finanzas y Precios (MFP), quien precisó que en este año, a punto de finalizar, el país ha tenido que afrontar el recrudecimiento del bloqueo económico de EE. UU.; una crisis económica mundial, debido a la pandemia de la COVID-19, y la contracción de importantes niveles de actividad, como la turística, que afecta la entrada de divisas al país y repercute negativamente en otros sectores y producciones que se encadenan con la actividad turística.
Explicó que ese complejo escenario obligó a reajustes al plan de la economía y al presupuesto del Estado de este año, y que provocó un importante crecimiento del déficit al estimar una reducción significativa de los ingresos.
«Al decidirse poner al ser humano en el centro de la atención y enfrentar esta pandemia, el presupuesto asumió un poco más de 1 300 millones de pesos, aún sin terminar el año. Estamos hablando de cifras reales, que se han ido financiando para sostener y dar vitalidad a las acciones de prevención y respuesta a la COVID-19. Esa garantía presupuestaria se mantendrá», aseguró.
Sobre la reforma salarial, explicó que es una de las metas netamente sociales, que incluye el aumento de los ingresos para el sector presupuestado y empresarial, así como en las pensiones y prestaciones de la asistencia social.
Dijo que si bien el ordenamiento empieza a aplicarse el 1ro. de enero de 2021, a las personas se les adelanta su salario al mes de diciembre. Eso implica que el presupuesto asuma mayor cantidad de gastos, para cubrir el sector presupuestado y el de las pensiones.
Indicó que, por tal motivo, ocurrirá un incremento del déficit y se cerrará el año con un estimado de incremento de más de 8 000 millones de pesos en déficit. «Sumando el estimado del déficit fiscal para 2020, es de alrededor de 20 733 millones de pesos.
El presupuesto del año 2021, aprobado como ley por la Asamblea Nacional del Poder Popular, recientemente, y en su primer año de la Tarea Ordenamiento, ya tiene un efecto de la corrección gradual de los precios mayoristas y minoristas. Según detalló la Ministra, este alcanza otras dimensiones con respecto a ingresos y gastos, pues crece de acuerdo con el efecto del incremento de los costos de los bienes y servicios.
Por su carácter social, recordó, todos los servicios que en la economía se adquieren para poder financiar los sectores y servicios básicos recaen en el sector empresarial.
«El presupuesto cubano es netamente social, y todo lo adquirido en la economía para financiar los sectores y servicios básicos y sociales se reflejan en el sector empresarial», puntualizó.
No obstante, agregó que hay una contención y medidas antinflacionarias para que el incremento no sobrepase el diseñado por el presupuesto.
«Para no tomar 2020 como un año de referencia, debido a sus complejidades, estamos hablando de un déficit que en 2019 fue de alrededor de 7 000 millones de pesos. Ahora estamos hablando de un presupuesto que tiene en su proyección 86 000 millones de déficit. Crecemos casi diez veces», afirmó.
Acerca de los propósitos del próximo año, Bolaños Weiss recordó que la prioridad es recuperar la economía con la implementación de la Estrategia económico-social. «Tendremos contracciones de ingresos, tensiones financieras, pero se crean condiciones en el país para potenciar exportaciones y las producciones de sectores estratégicos, que darán sus resultados en el transcurso de 2021».
«Es por ello que no renunciamos a los objetivos e indicadores planteados en cuanto al PIB y el desarrollo de la economía en sus diferentes etapas del Plan de Desarrollo Económico hasta 2030».
GARANTÍAS DEL PRESUPUESTO A PARTIR DE 2021
De los casi 375 000 millones de pesos destinados a los gastos, alrededor del 65 % va a la actividad presupuestada, lo que implica, que aun en las circunstancias en las que está el país, se sostiene en un escenario de ordenamiento a los servicios básicos de la población.
Además del sostenimiento de la Salud Pública, por ejemplo, en 2021 la educación también tiene prioridad. Igualmente, puntualizó la Ministra, se mantiene el subsidio de materiales de la construcción para personas con bajos ingresos que necesitan hacer acciones constructivas en sus viviendas.
Detalló que la contribución a la seguridad social la pagan los empleadores, tanto las formas estatales como no estatales aportan, pero no alcanza, debido al envejecimiento poblacional. La masa de personas con ese derecho a descansar, en su financiación, dura más tiempo que la formación de la masa de esa contribución. Siempre es deficitario el presupuesto de la seguridad social, y entonces el presupuesto del Estado financia ese déficit. Asimismo, existe un favorecimiento a que, a través de las prestaciones por asistencia social, las personas que cuidan a un familiar y no están en condiciones de trabajar reciban la ayuda del país.
Por otro lado, la Ministra señaló que el presupuesto expresa el efecto de eliminar subsidios excesivos, y en ese aspecto hay una transformación importante.
Destacó que está diseñada una reserva del presupuesto de 18 000 millones de pesos para apoyar a empresas que no logren, en el arranque del ordenamiento monetario, cubrir con sus ingresos el total de sus gastos, tales como aumento de salarios y efectos de devaluación e incremento de costos.
Con respecto a los subsidios que se mantienen, la titular del ramo destacó el financiamiento a los precios minoristas como los productos que se entregan para los niños, las dietas de embarazadas, la canastilla, así como buena parte de los medicamentos, este último en más de 7 000 millones de pesos. También dijo que el destinado a la atención a personas vulnerables por los efectos del ordenamiento, está cubierto con un monto de 716 millones de pesos.
CONTRIBUIR AL SOSTENIMIENTO DE LOS GASTOS SOCIALES
El impacto que sobre la estructura de los ingresos al presupuesto del Estado tendrá el ordenamiento monetario y financiero fue explicado por Vladimir Regueiro Ale, viceministro primero de Finanzas y Precios.
Aclaró, en primer lugar, que los ingresos se han proyectado en correspondencia con el crecimiento discreto que se prevé tenga la economía el próximo año, y requieren de la responsabilidad de todos los actores en el cumplimiento del deber de contribuir al sostenimiento de los gastos sociales del país.
Informó que se planifican 291 259 millones de pesos de ingresos, un número que no tiene precedentes en presupuestos anteriores, pero resulta insuficiente, pues solo respaldará aproximadamente el 75 % de los gastos que se proyectan.
La mayor transformación, precisó, estará en la estructura que tendrán los ingresos: hasta ahora, los ingresos tributarios alcanzaron de forma progresiva el 74 % de los ingresos totales; sin embargo, en este primer año de implementación del ordenamiento estarán en el orden del 39 %, mientras los ingresos no tributarios ocuparán el 61 %.
Este último acápite prevé los impuestos sobre las utilidades y sobre los ingresos personales, lo que implica una mejor aplicación de los principios de generalidad, de igualdad y de capacidad contributiva, sobre los cuales se sustenta el sistema tributario.
Regueiro Ale informó que los aportes vinculados a los resultados empresariales, relacionados con los impuestos sobre las utilidades y sobre el rendimiento de la inversión estatal, participan en un 30 % de los ingresos totales (87 367 millones de pesos), en tanto por concepto de impuesto sobre ingresos personales se deben captar 6 844 millones de pesos.
Otros cambios en la estructura de los impuestos es que quedan sin efecto los impuestos sobre las ventas mayoristas y se suspenden los impuestos especiales sobre bebidas alcohólicas y otros productos, salvo en la comercialización minorista de vehículos.
Explicó el Viceministro Primero de Finanzas y Precios que las adecuaciones tributarias también se han implementado para reducir la carga tributaria en las formas de gestión no estatal.
Precisó que para el sector no estatal se prevé también un incremento del mínimo exento de 10 000 a 39 120 pesos, y anunció que para la próxima campaña de Declaración Jurada se exonerará del pago anual a todos los trabajadores por cuenta propia que hayan estado suspendidos o limitados de ejercer su actividad por un periodo de seis meses o más, como resultado del enfrentamiento y el impacto de la COVID-19.
Informó, además, que sobre la contribución territorial se ratifica el tipo impositivo general del 1 % y se faculta a los consejos de administración municipal para que utilicen el 50 % de esos ingresos.
Se refirió a que la Ley del presupuesto para el próximo año dispone la extensión de la aplicación del impuesto sobre la ociosidad de las tierras agrícolas y forestales a todas las provincias y al municipio especial de la Isla de la Juventud.
Yahily García Poma, directora de Política de ingresos del MFP, destacó que el impuesto por la contratación en el exterior del 4 % no es nuevo, sino que está establecido desde 2013; mientras Lourdes Rodríguez Ruiz, viceministra de ese organismo, se refirió a las transformaciones que sufrirán los precios de acopio de las producciones agropecuarias.
Fuente: Granma
