El limbo legal en que se encuentra hoy la mayor mina de cobre de Centroamérica y el Caribe, ubicada en Panamá, pone en peligro una inversión de seis mil 300 millones de dólares, cuya ejecución está casi terminada. ‘Nuestra compañía siempre ha cumplido de manera plena con las leyes panameñas, así como con las regulaciones internacionales de transparencia y responsabilidad que nos rigen’, señaló ayer la empresa Minera Panamá S.A. en un comunicado, donde expresó su aspiración de continuar la labor ‘sin ninguna incertidumbre legal’.
La posición de la entidad, subsidiaria de la multinacional canadiense First Quantum Minerals, respondió a declaraciones del presidente electo Laurentino Cortizo, quien aseguró a periodistas que su gobierno revisará el contrato ‘cláusula por cláusula’, tras asumir el mandato el próximo primero de julio.
El rechazo de una comisión de la Asamblea Nacional a ratificar y convertir en ley el contrato entre el Estado y la minera por considerarlo ‘lesivo’ al país, dejó por el momento sin asidero jurídico a la relación económica, cuyo origen data de febrero de 1997, pero declarada inconstitucional en septiembre de 2018 por la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Tal reacción de los parlamentarios el 29 de mayo pasado fue porque consideraron, por mayoría, que el Estado debía revisar las regalías por la extracción de cobre en el distrito de Donoso, provincia de Colón, aseveró a la prensa Nelson Jackson, presidente de la comisión.
El diputado del opositor partido Cambio Democrático consideró que el daño ambiental no justifica el dos por ciento de regalía que la empresa entregará al Estado según el pacto y que en su opinión debería ser el diez como mínimo.
Múltiples reacciones generaron la negativa parlamentaria, entre ellos del propio Ejecutivo, que a través del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) señaló que ello ‘afecta negativamente la seguridad jurídica del país y la estabilidad de la inversión’.
La demora en la presentación del tema al Parlamento recibió críticas de varios sectores, que consideraron tardío el intento de la administración que concluye de discutirlo en sesiones extraordinarias cuando al mandato le restan apenas unos días para concluir.
En un intento de libre interpretación del fallo de la CSJ, el MICI afirmó que el máximo órgano de justicia declaró inconstitucional la Ley 9 de 1997 que aprobó el contrato Estado-minera, ‘más no el contrato de concesión’, cuya prórroga consideran vigente.
Pero la CSJ fue tajante al señalar incumplimiento con los principios básicos de contratación pública, que no representa los mejores intereses para el Estado y considerarlo ajeno al bienestar social y al interés público, al tiempo que calificó la minería a cielo abierto como perjudicial para un ambiente sano.
