Ministra de Comunicaciones: Apostamos por una sociedad digital justa, sostenible y que aporte al desarrollo del país

Nuevas disposiciones jurídicas en materia de telecomunicaciones fueron publicadas hoy en la Gaceta OficialPor primera vez, el país contará con una norma donde se asocian incidentes de ciberseguridad y tipificaciones que superan los límites de lo tecnológico.

Sobre las regulaciones incluidas en el Decreto Ley No. 35, “De las Telecomunicaciones, las Tecnologías de la Información y la Comunicación y del Uso del Espectro Radioeléctrico”, y en la Resolución 105, “Modelo de Actuación Nacional para la Respuesta a Incidentes de Ciberseguridad”, explicaron en la Mesa Redonda los máximos directivos del sector. También se actualizó sobre el despliegue de internet en la nación y se denunció las acciones injerencistas del gobierno norteamericano.

Defender nuestro ciberespacio y tener una internet ética para nuestra población

Al iniciar la Mesa Redonda, la ministra de Comunicaciones Mayra Arevich Marín resaltó que el plan de desarrollo hasta 2030 tiene como eje transversal a las telecomunicaciones. En este camino, se plantea avanzar en el proceso de informatización del país, “el cual acompaña y dinamiza la economía y mejora la gestión de vida de la ciudadanía”.

Así mismo recordó que el VIII Congreso del Partido aprobó cuatro lineamientos que guían el desarrollo del sector. Entre ellos resalta el que demanda continuar con el desarrollo de la infraestructura de telecomunicaciones y tecnológica dentro del proceso de informatización de la sociedad.

“A pesar de las afectaciones del bloqueo y la pandemia, Etecsa ha seguido creciendo en este sentido y ha buscado alternativas para acercar los servicios a la población que permita una mayor gestión económica junto al comercio y el gobierno electrónico. Ya todas las provincias del país cuentan con su Portal del Ciudadano y estamos abogando porque se incorporen más trámites por esta vía para hacer más fácil la vida de los cubanos”, comentó.

Otro pilar fundamental, es el impulso de la industria de aplicaciones y servicios informáticos, a partir de la articulación de todos los actores de la economía. “Queremos que se desarrollen más aplicaciones cubanas que respondan a nuestras necesidades, a la vez que se eleva la preparación de nuestro personal”, dijo.

Todo esto, subrayó, sustentado en un sistema de ciberseguridad y de gestión del espectro radioeléctrico que proteja la defensa y la seguridad nacional. 

“En consecuencia con la implementación de estos lineamientos, el país ha trabajado en el programa de informatización de la sociedad que ha permitido el despliegue de internet en el país, el cual no a estado ligado al llamado Grupo de Tarea para Cuba creado por el gobierno de los Estados Unidos, sino que ha sido fruto de la labor de nuestros especialistas. Todo esto en medio de un escenario de bloqueo que sí afecta duramente al sector pues nos impide el acceso a las tecnologías, a las actualizaciones, se nos encarece todos los servicios y nos bloquean el acceso a varios sitios”, alegó la ministra.

Al mismo tiempo, denunció la pretensión de establecer un “internet paralelo a Cuba”, que refuerza el bloqueo económico contra el país. “No obstante, son visibles el impacto positivo que ha tenido el internet sobre todo en tiempos de pandemia con las clases online, el pesquisador virtual o el teletrabajo”.

Al referirse a las nuevas normas publicadas en esta jornada, Arevich Marín dijo que las mismas están amparadas en la Constitución de la República de Cuba en su artículo 16 inciso m, en el que se ratifica el compromiso en la construcción de una sociedad de la información y el conocimiento centrada en la persona, integradora y orientada al desarrollo sostenible, en la que todos puedan crear, consultar, utilizar y compartir la información y el conocimiento en la mejora de su calidad de vida.

“El decreto-ley No 35 es la norma de mayor rango que tiene el sector y que estaba incluido en el plan legislativo del país. Esto se presentaba como una necesidad para organizar nuestros servicios, las tecnologías y la gestión del espectro radioeléctrico”.

En el caso de la Resolución 105, “Modelo de Actuación Nacional para la Respuesta a Incidentes de Ciberseguridad”, acotó que es una norma que tienen todos los países, la cual es exigida por la UIT. Este nuevo procedimiento protege a las personas naturales, en cuanto tipifica acciones que pueden afectar al individuo como a la familia. Esto servirá para defender nuestro ciberespacio y tener una internet ética y buena para la población”.

Estados Unidos mantiene una política de doble rasero en materia de telecomunicaciones

Más adelante en la Mesa Redonda, el viceministro del sector, Wilfredo González Vidal denunció el intento por parte del gobierno de Estados Unidos de establecer un internet paralelo en el país.

“La propia nota de los EEUU confirma el bloqueo que imponen a nuestro país y hemos denunciado ante la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), el uso de tecnologías desde los Estados Unidos para la desestabilización social contra el país. Los Estados Unidos están usando la internet como un arma de agresión contra el país”.

Reafirmó que Cuba como país independiente y soberano rechaza cualquier injerencia en la porción de ciberespacio cubano y del espectro radioeléctrico, lo cual no solo viola las normativas nacionales sobre el tema, sino las convenciones internacionales como el Convenio de la UIT.

“En su preámbulo dice bien claro que el uso de las telecomunicaciones debe hacerse para el desarrollo económico social del país,  así como facilitar las relaciones pacíficas y la cooperación internacional entre los países y de los pueblos. Igualmente exige a los estados miembros adoptar cualquier acción que impida interferencias perjudiciales a las comunicaciones de otros estados miembros”.

Es por ello que, dijo, es inaceptable esa intromisión en los asuntos internos del país. Nuestra Constitución también condena estas prácticas. El gobierno de los Estados Unidos no tiene ningún derecho de permitir, alentar y financiar el uso de las tecnologías para intentar dar acceso a internet a nuestro país. Esta es una política de doble moral: de bloqueo y de agresión.

En este sentido, González Vidal expresó que las plataformas de redes sociales han quebrantado sus propias normas y han permitido mensajes que desbordan el odio contra Cuba. “Esto lo hemos denunciado”.

Igualmente, se han denunciado ataques cibernéticos a instituciones gubernamentales del país, como el sitio de la presidencia. También se vieron afectados con denegación de servicios algunos de los principales medios de prensa como Granma y Cubadebate.

“Hemos detectado de manera sistemática, transmisiones de estaciones de radio aficionado con contenido que estimulan el desorden público y la violencia. Por todos estos elementos reafirmamos que Estados Unidos está empleando el ciberespacio como un arma de la guerra no convencional”.

¿Si los EEUU están tan preocupados por el despliegue de internet en el país por qué no dan acceso a los 60 sitios web que están bloqueados para la nación?, se cuestionó el directivo 

El país tampoco puede importar tecnologías que tengan más del 10% de componentes norteamericanos. “Esto nos obliga a importar tecnologías en áreas geográficas muy distantes del país. No fue hasta el 2013 que Cuba tuvo acceso al cable internacional de fibra óptica para la conexión a Internet gracias a la voluntad política de Chávez y Fidel. Esto a pesar de que el país está rodeado de disímiles cables de fibra óptica subacuáticos pero que son de propiedad norteamericana. Esto ratifica la política de doble rasero del gobierno estadounidense”, concluyó.

El avance del acceso a Internet en Cuba

Al intervenir en la Mesa Redonda, la presidenta ejecutiva de Etecsa, Tania Velázquez Rodríguez, destacó que el avance del acceso a Internet en Cuba se debe al trabajo de especialistas, técnicos y trabajadores del sector, así como a la voluntad del Gobierno cubano que ha apoyado el despliegue de las tecnologías de las telecomunicaciones.

En 2013, cuando inició la masificación de los servicios de Internet en el país, apenas había 900 megas de ancho de banda internacional; cifra que en 2017 aumentó a 20 GB, y en la actualidad supera los 140 GB, puntualizó.

Esto demuestra, dijo, cómo ha crecido el consumo en Cuba, e ilustró que 5.14 millones de usuarios acceden a Internet, de ellos 3.94 millones desde el teléfono celular y 1.20 millones por los servicios Nautas.

  • 100% de cobertura LTE en cabeceras municipales y 41% en consejos populares.
  • 78% de los consejos populares cuentan con una vía de conexión a Internet.
  • 2 306 áreas de acceso público a Internet.
  • 225 000 hogares conectados.
  • 86% del total de servicios de datos es de banda ancha.
  • 75% de los móviles tienen acceso a Internet.

La presidenta ejecutiva de Etecsa se refirió también al desarrollo de la conectividad institucional, con más de 50 000 accesos que permiten elevar a 7.7 millones la cantidad de cubanos conectados a la red de redes.

Durante el 2021, argumentó, se han instalado más de 2 700 accesos en centros educativos, de investigación y producción de medicamentos, así como en policlínicos, hospitales y centros de aislamientos, sucursales y cajeros electrónicos, oficinas de trámites, entre otros.

Por otra parte, ya se contabilizan más de 2 300 salas de navegación, con tarifas que evidencian la búsqueda de servicios más asequibles, al tiempo que se trabaja —comentó Velázquez Rodríguez— en ofrecer un mejor ancho de banda por usuario.

  • Rebaja de precio de la navegación internacional hasta 12.5 CUP /hora.
  • Extensión del ciclo de vida de la cuenta permanente.
  • Descuentos promocionales.

En cuanto al servicio de nauta hogar, de gran demanda, la presidenta ejecutiva de Etecsa ejemplificó que hay casi 225 000 y abundó que se ha trabajado en mejorar la oferta, con rebajas de precios, aumento de las horas de navegación y diversificación de las vías de acceso con otras tecnologías.

Reafirmó que seguir expandiendo este servicio resalta entre las prioridades de la empresa, a partir del uso de otras tecnologías como las redes inalámbricas y la fibra óptica.

Sobre los datos móviles, el servicio que más ha crecido en los últimos años, la directiva mencionó el despliegue de las radiobases: en 2018 apenas habían 1 973 (19 con 4G) y al cierre del mes pasado se contabilizaron unas 4 778 (1 091 con 4G).

Desde 2020, ante la necesidad de incrementar el acceso a Internet de las familia cubanas debido a los aislamientos impuestos por la pandemia, se ha crecido en 1 400 radiobases.

La presidenta ejecutiva de Etecsa informó que la nueva oferta de “paquetes combinados” ya está lista, sobre lo cual se conocerá en detalles en los próximos días.

Velázquez Rodríguez comentó los contenidos más visitados en Cuba:

Medios de prensa (CubadebateGranma, Juventud Rebelde)

  • Etecsa, portal.nauta
  • Redes sociales
  • Sitios de gobiernos provinciales
  • Ecured, Cubaeduca
  • Sitios de Salud
  • TuEnvio, EnZona
  • Apkalis, toDus, Picta

No se está limitando la participación social en las plataformas digitales

Ernesto Rodríguez Hernández, viceministro de Comunicaciones, dijo que el nuevo paquete de normas está en consonancia con la experiencia acumulada en la explotación de los servicios de telecomunicaciones y el uso del espectro radioeléctrico, así como con “el estado del arte” del marco regulatorio de este tema en el mundo y con los acuerdos en los que Cuba es firmante como miembro de la Unión Internacional de las Telecomunicaciones.

El recién publicado compendio legislativo contiene un decreto ley (No. 35), dos decretos y un grupo de normas complementarias.

Sobre el Decreto Ley No. 35, comentó que es la normativa de más alto rango aprobada en Cuba sobre las tecnologías de la información y las comunicaciones y el uso del espectro radioeléctrico, y especificó que se define el derecho soberano de defensa en la utilización del espectro radioeléctrico, además del papel de las telecomunicaciones para el desarrollo socioeconómico y político del país.

Rodríguez Hernández subrayó que este documento jurídico promueve el impulso de la informatización del sociedad, al tiempo que defiende los derechos de los ciudadanos refrendados en la Constitución: la igualdad, privacidad y el secreto de las comunicaciones.

El paquete legislativo también define el servicio universal de los servicios de las telecomunicaciones como un derecho para todos los usuarios, independientemente de su localización geográfica: la telefonía básica, pública, fija y móvil, el acceso a Internet y a los servicios de emergencia a través de las telecomunicaciones.

Con respecto a la Resolución 105, que pone en vigor el reglamento para la actuación nacional ante incidentes de ciberseguridad, explicó que responde al principio de que “la informatización se desarrolla en la misma medida que desarrollemos las capacidades de ciberseguridad para los servicios y la infraestructura de telecomunicaciones en el país”.

La ciberseguridad, puntualizó, es una dimensión de la seguridad nacional y una herramienta que protege la calidad de los servicios que sobre las redes se le ofrecen a los ciudadanos. Por ejemplo, un incidente puede ser un ataque de denegación del servicio que pretende congestionar los canales de telecomunicación y colapsar las capacidades de procesamiento de los servidores.

“Cuando esto pasa los contenidos y los servicios dejan de estar disponibles, causando malestar en los usuarios”.

De acuerdo con el viceministro, la gestión de incidentes de ciberseguridad no es nueva en el país, por tanto, las recientes normativas aprovechan la experiencia acumulada en la búsqueda de un ordenamiento superior y la estandarización de las terminologías, mientras que se amplía el alcance hasta las personas naturales.

Con esto, argumentó, “se protege a la población de la afectación que les provoca en el ciberespacio cuestiones que dañan la ética, que difunden mensajes que afectan la intimidad y la dignidad de las personas, que tergiversan la realidad (las llamadas fake news), el ciberacoso”.

El viceministro aseguró que no se está limitando la participación social en las plataformas digitales y dijo que las políticas públicas cubanas defienden la Internet como un espacio de debate, intercambio, reflexión, de expresión de quejas y planteamientos.

“Con las nuevas normativas se busca complementar estos fines, a partir de exigir que se haga un uso adecuado, respetuoso, ético, con apego a la verdad, de estos canales de comunicación”.

Con respecto a quienes relacionan la censura con en estas normativas, Rodríguez Hernández ejemplificó que Alemania tiene desde el 2017 una ley de aplicaciones de redes que condena el discurso de odio, de difamación, de incitación a la violencia, y que establece la imposición de multas a los ciudadanos y a las empresas proveedoras de plataformas que no eliminen estos contenidos en un tiempo determinado.

Igualmente, Francia aprobó en 2019 una ley que persigue frenar las publicaciones ilícitas: mensajes que inciten al odio, al racismo, a la violencia, a prácticas pornográficas y al acoso. Mientras, Argentina publicó en ese propio año una estrategia nacional de ciberseguridad.

La Unión Internacional de Telecomunicaciones, cuando mide el índice de ciberseguridad de los países (Cuba ocupa el lugar 82 entre 194 naciones), tiene en cuenta las capacidades de protección a la ciudadanía en el ciberespacio, así como la capacidad para la gestión de incidentes de ciberseguridad, la protección contra el cibercrimen y de los datos personales, entre otros aspectos.

Al finalizar la Mesa Redonda, la ministra de Comunicaciones, Mayra Arevich Marín, ratificó la voluntad del Gobierno cubano y de este sector “de llevar Internet hasta el último rincón de Cuba y que sea utilizada para lograr un pueblo más culto y desarrollar la sociedad, además de potenciar un gobierno digital que permita una mejor gestión de la economía”.

La titular denunció que en los últimos tiempos han sido muy convulsas las acciones de los Estados Unidos para, a través de las plataformas digitales, promover una guerra de desinformación y alentar a la violencia.

Dijo que Cuba ha denunciado tales hechos, sin embargo EEUU no ha dado una respuesta.

Arevich Marín reiteró la voluntad de seguir trabajando por lograr una sociedad digital justa, sostenible y que aporte al desarrollo del país.

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