En días recientes la oposición política colombiana hizo frente común para pedir al presidente Iván Duque frenar el deterioro de las relaciones con Cuba, frágiles por la ceguera de un gobierno alineado al dictado de Estados Unidos.
La inclusión de la isla caribeña en la lista de países patrocinadores del terrorismo detonó los reclamos a la administración Duque por su empeño de reducir al mínimo el estado de los nexos bilaterales.
La principal objeción a dichos propósitos es el papel que históricamente ha jugado La Habana a favor de los procesos de paz en la nación suramericana, el más efectivo de ellos condujo al cese de las hostilidades entre el Estado y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), recuerdan legisladores, partidos políticos y medios de prensa.
El fin de los enfrentamientos armados entre las partes fue posible tras el Acuerdo de Paz de 2016 resultado de las conversaciones con sede en la capital de Cuba, país que además asumió, junto a Noruega, la responsabilidad de garante.
La isla asumió roles similares en el intento de diálogo entre el gobierno de Duque y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), otro de los grupos insurgentes colombianos.
Sin embargo el atentado contra la Escuela de Cadetes de Policía General Santander hace dos años eliminó toda posibilidad de entendimiento, y Duque pidió a Cuba la extradición de los guerrilleros negociadores para llevarlos ante la justicia.
La Habana en su calidad de garante se negó a la petición, pues según los principios acordados para el diálogo en caso de ruptura del mismo se debe ‘garantizar el retorno con seguridad de la delegación a los campamentos del ELN’, como señaló en ese momento la cancillería cubana.
El entonces jefe de la delegación gubernamental de negociación, Frank Pearl, estimó que si bien la administración Duque estaba en su derecho de romper el diálogo, lo pactado en los protocolos debía respetarse.
‘… los protocolos están hechos para que cualquiera sea el caso de una ruptura haya unas normas mínimas que se cumplan”, afirmó Pearl quien considera se trata de un compromiso de Estado.
Esos protocolos no están condicionados a la razón de la ruptura, explicó, y ‘Cuba tiene la obligación de cumplir ese protocolo’, agregó.
La negativa de la isla a extraditar a los guerrilleros del ELN en apego a lo suscrito, fue pretexto, entre otros, para que el gobierno de Estados Unidos volviera a incluir a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo, de la que había salido en 2015 como resultado de la normalización de las relaciones bilaterales acordada por los entonces presidentes Barack Obama y Raúl Castro.
Senadores colombianos de diversas tendencias políticas enviaron una carta a Duque en la que piden valorar más las relaciones con Cuba en correspondencia con su contribución con los procesos de paz durante las últimas cuatro décadas.
‘Esas acciones han sido consecuentes y fiables, lo que ha permitido que gobiernos colombianos de distintas filiaciones políticas reconozcan su labor como Estado promotor de paz y, en consecuencia, hayan mantenido las mejores relaciones diplomáticas’, advirtieron los legisladores en la misiva.
La misma línea siguieron los partidos Unión Patriótica (UP) y Comunista de Colombia (PCC), también otras personalidades de la política y exnegociadores de paz como Juan Camilo Restrepo, Humberto de la Calle y Sergio Jaramillo.
Restrepo, quien encabezó la delegación del Estado en las negociaciones de paz con el ELN, consideró que la isla debe ser tratada de acuerdo con su papel de ‘garante leal de paz’, y llamó a reanudar el diálogo con ese grupo insurgente, cuyo ritmo, advirtió, no puede estar marcado ‘por los estertores del gobierno Trump’.
Me parece, agregó, que ‘hay que tratarla con consideración como garante leal de paz, y desde luego no tendría sentido que ahora Colombia, porque Trump puso en una lista negra a Cuba, quiera cambiar una posición frente a ese país’.
Por su parte de la Calle y Jaramillo de manera conjunta recordaron que ‘… sin el compromiso y el aporte de Cuba no habría habido acuerdo de paz en Colombia’.
Los exnegociadores de paz ven en la política hacia La Habana ‘un despropósito y un acto de ingratitud estatal sin par’.
El problema, afirmaron, es el de privilegiar la ideología y los intereses partidistas sobre el sentido común y los compromisos internacionales.
De la Calle y Jaramillo opinaron que el gobierno de Duque dejó las relaciones internacionales de Colombia en su punto más bajo, al plegarse al programa ideológico del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Medios colombianos como el diario El Tiempo califican el debate en torno a las relaciones Bogotá-La Habana como un ‘duro pulso político’, sin embargo la realidad va mucho más allá en tanto muestra la ceguera de un gobierno en materia de política exterior.
Tomado de PL
