Guantánamo.- La violación de las normas que rigen la política de precios y tarifas son sancionadas de acuerdo al Decreto 30 del Consejo de Ministros, aplicables a las personas naturales relacionadas con la comercialización de bienes y servicios, de forma mayorista o minorista, tanto en entidades estatales como particulares, e incluyen la imposición de multas, el decomiso, la venta forzosa, entre otras.
Por otro lado el Decreto 31 está se encaminado a proteger la salud colectiva ante la situación sanitaria que enfrenta Cuba con la pandemia y fija multas para los padres o responsables legales de los menores de edad que violen las normas sanitarias establecidas, así como a los administrativos que permitan que en centros laborales o de estudio se incumplan las disposiciones por la Covid-19.
Sobre el tema reflexiona el periodista Isaac García Cárdenas:
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