El gobierno de España descartó cualquier mediación o diálogo directo con el presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, para zanjar la grave crisis territorial en esa comunidad autónoma, que pretende separarse de este país europeo. En una rueda de prensa, la vicepresidenta del Ejecutivo español, Soraya Sáenz de Santamaría, circunscribió a las Cortes Generales (parlamento bicameral) el escenario de una posible negociación con las autoridades secesionistas catalanas.
‘La democracia en España se ejerce en el Congreso (de los Diputados) y en el Senado de la nación’, precisó Sáenz de Santamaría, cerrando la puerta una eventual reunión entre Puigdemont y el jefe del Gobierno español, Mariano Rajoy.
Subrayó que es en las Cortes donde se toman las decisiones concernientes al conjunto de los ciudadanos de esta nación ibérica y, por consiguiente, el marco en el cual el mandatario regional puede comparecer, opinar y proponer lo que considere pertinente.
Recordó que en breve empezará sus trabajos la comisión parlamentaria para estudiar la actualización del modelo autonómico, previa a una hipotética reforma constitucional pactada entre Rajoy y el líder del Partido Socialista Obrero Español, Pedro Sánchez.
Durante su comparecencia, tras la reunión semanal del Consejo de Ministros, la vicemandataria emplazó a la Generalitat (gobierno catalán) a recoger ‘el guante’ lanzado por el gubernamental Palacio de La Moncloa para devolver la normalidad institucional a Cataluña.
Aludió al requerimiento que Rajoy envió a Puigdemont para que clarifique si en su discurso del pasado martes ante el parlamento regional declaró o no la secesión.
En una alocución, el presidente catalán proclamó entonces la independencia de esa comunidad, pero acto seguido pidió suspender sus efectos para abrir un proceso de diálogo y una mediación internacional, rechazado hasta la saciedad por La Moncloa.
Puigdemont tiene hasta el próximo lunes para contestar a la petición realizada por la administración central.
Si no lo hace o asegura haber proclamado la República catalana, deberá rectificar antes del jueves 19 de octubre.
Caso contrario, el ejecutivo del conservador Partido Popular de Rajoy aplicará el artículo 155 de la Constitución española, que permite despojar competencias a la Generalitat e incluso suspender el autogobierno de ese territorio de 7,5 millones de habitantes.
Sáenz de Santamaría advirtió que está en manos del mandatario autonómico dilucidar la ambigüedad de las palabras pronunciadas hace tres días, volver al orden constitucional y evitar la aplicación del artículo 155 de la Carta Magna.
