El Tribunal Supremo (TS) de España impuso hoy hasta 13 años de cárcel a los líderes separatistas de Cataluña, que fueron juzgados por su papel en el frustrado intento de secesión de esa región en 2017. Nueve de los 12 dirigentes procesados fueron condenados este lunes a penas de entre nueve y 13 años de prisión por los delitos de sedición y malversación de fondos públicos, según el fallo del juicio hecho público por la máxima instancia judicial de este país europeo.
El exvicepresidente de la Generatitat (autogobierno catalán) Oriol Junqueras fue sentenciado a 13 años de cárcel, el castigo más duro contra los promotores de la secesión de la rica región nororiental de 7,5 millones de habitantes.
Otros ocho independentistas, todos en prisión provisional desde hace casi dos años junto a Junqueras, recibieron condenas de nueve a 12 años de prisión por sedición, y algunos de ellos, por malversación.
Ellos son la expresidenta del Parlamento catalán Carme Forcadell, los líderes de las influyentes asociaciones soberanistas Asamblea Nacional Catalana y Omnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, respectivamente, y cinco antiguos consejeros (ministros) regionales.
De esa manera, los secesionistas fueron declarados culpables de cargos de sedición y malversación de fondos, pero no de la acusación más grave de rebelión, como solicitó la Fiscalía española.
Esa conclusión de los siete magistrados de la Sala de lo Penal del TS coincide con la tesis de la Abogacía del Estado, que sostuvo que los hechos juzgados no ocurrieron con la violencia suficiente para encajar en el tipo delictivo de rebelión.
El Ministerio Público consideró que el proceso independentista ilegal fue un ‘golpe de Estado’, que buscó liquidar la Constitución española con ‘violencia suficiente’, pero la Abogacía del Estado cree que ésta no fue ‘elemento estructural’ del plan.
La rebelión supone el uso de la violencia -rechazada de manera insistente por la defensa- para ‘declarar la independencia de una parte del territorio nacional’.
El delito de sedición, más leve, consiste en alzarse ‘pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales’, la aplicación de leyes o la ejecución de decisiones administrativas o judiciales.
El Gobierno en funciones del socialdemócrata Pedro Sánchez desea que el veredicto permita pasar página y reiniciar el diálogo político en esa próspera región del noreste de España, que el independentismo mantiene en ebullición desde hace casi una década.
Para esta misma noche, hay convocadas protestas en toda Cataluña por la Asamblea Nacional Catalana y Omnium Cultural, las dos asociaciones detrás de las masivas manifestaciones por la independencia de los últimos años.
También están previstas unas marchas que saldrán de cinco ciudades de la comunidad autónoma (región) para confluir en Barcelona el viernes, en una jornada de huelga general.
Los 12 soberanistas encausados fueron juzgados por la celebración de un referendo de autodeterminación el 1 de octubre de 2017, prohibido de antemano por el Tribunal Constitucional, y la ulterior proclamación de una declaración unilateral de independencia, el día 27 de ese mismo mes.
