Diputados de la Comisión de Atención a la Niñez, la Juventud y la Igualdad de Derechos de la Mujer de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) han realizado en las últimas semanas acciones de monitoreo para comprobar la atención que reciben personas y familias vulnerables, especialmente tras la instrumentación de la Tarea Ordenamiento monetario y cambiario.
El control incluyó intercambios con delegados de circunscripciones y visitas a puestos de mando creados para el seguimiento a esta política, además de una muestra de 737 personas contactadas, pertenecientes a 27 municipios del país, según la información publicada en el sitio web de la ANPP.
Como fortalezas, se pudo constatar la existencia de listados tras la localización de las familias con vulnerabilidad; la aprobación de procesos de otorgamiento de eventualidad a quienes lo requieran; así como la integración de grupos de trabajo en los Consejos Populares, donde intervienen los trabajadores sociales y representantes de las organizaciones de masas.
No obstante, también salió a relucir que muchas veces las evaluaciones realizadas se apegan estrictamente a las normas jurídicas y no tienen en cuenta otros factores de carácter más subjetivos que, indiscutiblemente, tienen peso en un programa tan sensible.
En este sentido, los parlamentarios expusieron que si bien el diseño de la política aprobada ratifica la máxima de no dejar desamparada a ninguna persona, «se impone mantener la actuación rigurosa en el cumplimiento de lo indicado y, a la vez, tener la capacidad para interpretar e identificar con la flexibilidad requerida, lo que sea adecuado para cada caso».
La condición de vulnerabilidad no puede verse de manera estática, ni todos los casos requieren una ayuda permanente, agregaron en el informe. «Por lo tanto, la atención a estas personas o familias conlleva un seguimiento sistemático, que permita el cambio de la medida aprobada con agilidad, ante la solución de su vulnerabilidad o por el agravamiento de su situación».
Otras de las debilidades identificadas en la comprobación fueron la presentación de expedientes incompletos a la comisión evaluadora de los casos y las pocas ofertas de empleo para las madres desempleadas en edad laboral.
Tomado de Granma
