Venezuela continúa inmersa en los debates sobre el Decreto de Emergencia Económica que pretende poner fin a los robos, la escasez, la inflación inducida y el contrabando de divisas en todo el país.
Los debates incluirán a la Asamblea Nacional, donde existe incertidumbre sobre si la mayoría de la derechista Mesa de la Unidad Democrática (MUD) aceptará la iniciativa del Ejecutivo o le dará la espalda.
No obstante, la víspera, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) certificó la constitucionalidad del Decreto que, según el organismo judicial, resulta necesario para que el Estado cumpla con uno de sus deberes fundamentales: la protección de los ciudadanos y de la seguridad nacional en materia económica.
El presidente Maduro propuso ante el Parlamento esta medida el 14 de enero, con el propósito de acabar con el robo de bienes de primera necesidad, la carestía, la inflación inducida y el contrabando de divisas que promueven la derecha y laceran el bolsillo de los ciudadanos comunes.
El Decreto contempla, además, el fin de la dependencia hacia la renta petrolera y la diversificación de la industria nacional, para sustituir importaciones.
El martes pasado el jefe de Estado juramentó un consejo extraordinario que velará por el recto cumplimiento de estas directrices y que tiene como cabeza visible al vicepresidente ejecutivo, Aristóbulo Istúriz.
