Comisión Procesal de Impeachment contra Dilma reajusta calendario

Guantánamo (Redacción Solvisión) La Comisión Procesal de Impeachment del Senado brasileño debatirá  un posible reajuste en su calendario, ante la cantidad de testigos aún por comparecer en el proceso de juicio político contra la apartada presidenta Dilma Rousseff.

 

Si pudiéramos escuchar en cada jornada a cuatro declarantes, serían 10 días hábiles de trabajo, con lo cual quedaría rebasada la fecha prevista inicialmente para este trámite y que era el 20 de junio, señaló el senador del Partido de los Trabajadores Lindbergh Farías al término de la última sesión.

En opinión de Farías, por su trascendencia el proceso debe avanzar con calma, pues la Constitución establece para el desarrollo del mismo un plazo de hasta 180 días, a partir del 12 de mayo, cuando Rousseff fue separada temporalmente de su cargo.

El juzgamiento definitivo de Dilma podría producirse a finales de agosto o principios de septiembre, dijo en declaraciones al canal del Senado Federal el legislador petista.

Más cauto, el titular de la Comisión Procesal de Impeachment, Ricardo Lira, coincidió también en que probablemente resulte necesario reajustar el cronograma para extenderlo, dada la cantidad de testigos convocados; aunque, consideró, “con una semana será suficiente”.

Este lunes comparecerán ante el colegiado cuatro declarantes seleccionados por senadores favorables al proceso de impeachment: Tiago Alves Dutra y Leonardo Albernaz, ambos del Tribunal de Cuentas de la Unión; Marcos Pereira, ex subsecretario del Tesoro Nacional, y Esther Dweck, ex secretaria de Presupuesto y Finanzas.

En la prolongada sesión anterior los primeros testimonios fueron los del procurador del Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) Julio Marcelo de Oliveira y el auditor de ese propio ente Antonio Carlos Costa dâ�ÖÁvila, quienes coincidieron en afirmar que la apartada presidenta Rousseff violó la ley de responsabilidad fiscal.

De Oliveira llegó a decir que las llamadas “pedaladas fiscales” en las cuales presuntamente incurrió Rousseff guardan relación directa con la profunda crisis económica por la que atraviesa el país, pues implicó la pérdida de confianza de los agentes económicos y los inversionistas y contribuyó a al aumento de la deuda pública.

Por su parte, Costa dâ�ÖÁvila fue enfático al señalar que el hecho de editar decretos suplementarios sin autorización del Congreso y en discordancia con la ley presupuestaria constituye un hecho “gravísimo”.

Los otros dos declarantes ya en la madrugada del viernes fueron el coordinador general de operaciones de crédito del Tesoro Nacional, Adriano Pereira de Paula, y el secretario adjunto de esa entidad Otavio Ladeira, ambos convocados por legisladores favorables al juicio político en curso.

Sin embargo, las intervenciones de ambos contribuyeron a reforzar la tesis de la defensa, que sostiene la inexistencia de los delitos imputados a Dilma. De ahí que el abogado de la mandataria, José Eduardo Cardozo, elogiara la consistencia técnica de ambas exposiciones y declinara el derecho a formularles preguntas.

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