Colombia inicia implementación de pacto de paz

Guantánamo (Redacción Solvisión) El trámite de la ley de amnistía en el Congreso colombiano,  dio incio con una aprobación mayoritaria en su primer debate,  resultado visto como el paso inicial para implementar el acuerdo definitivo entre el Gobierno y las FARC-EP.

El proceso culminará la semana venidera con la votación en las plenarias del Senado y la Cámara de Repre­sentantes.
Posteriormente dicha norma, con­siderada medular para las Fuer­zas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), deberá ser sancionada por el presidente Juan Manuel Santos.

Bastó una sesión para que los congresistas que respaldan el proceso de paz con esa guerrilla, la mayor del país, le dieran el sí a tal iniciativa la cual contempla beneficios como in­dultos y amnistías para condenados o procesados por delitos políticos y conexos, exceptuando a quienes cometieron crímenes de lesa humanidad y otros de gravedad. Asimismo, concede el perdón a efectivos de las fuerzas militares in­volucrados en hechos menores.

Las mayorías fueron contundentes pues el proyecto resultó avalado por más de las dos terceras partes de los parlamentarios, subrayó el ministro del interior, Juan Fernando Cristo.

Según políticos y analistas, además de conceder seguridad jurídica a los miembros de las FARC-EP, esa ley constituirá un estímulo para procedimientos claves como el desarme del grupo rebelde, ahora en proceso de desmovilización.

Solo el partido de derecha Centro Democrático (CD), tradicional de­trac­tor de los diálogos de paz, estuvo ausente de la votación (15-0 en la comisión primera del Senado y 30-0 en igual instancia de la Cámara de Representantes).

No obstante sí expusieron nuevamente sus objeciones en torno al contenido del documento sometido a consideración y al empleo del fast track (método expedito).

El CD fue uno de los impulsores del voto negativo en el plebiscito de octubre cuando la mayoría de los votantes rechazó el acuerdo entre el Ejecutivo y las FARC-EP, oficializado en Cartagena de Indias.

Después con las proposiciones sur­gidas de un diálogo nacional, am­bos equipos de negociadores (re­presentantes gubernamentales y de las FARC-EP) lograron reajustar el texto hasta conseguir el actual, suscrito por las partes y validado ya por el máximo órgano legislativo.

Esta decisión (el apoyo obtenido en el Parlamento) comienza a despejar las dudas sobre la inseguridad jurídica en la que permanecían los guerrilleros de dicha agrupación des­de el inesperado triunfo del No en el plebiscito. El proyecto respaldado por los parlamentarios establece las condiciones bajo las cuales se les podrá conceder amnistía o indulto; y para agentes del Estado, su equivalente.

En total se presentaron más de 50 proposiciones con el objetivo de modificar el escrito de las cuales el Gobierno solo avaló cuatro y fueron incluidas. Hay gran premura para la aprobación de esta norma por tratarse de un instrumento que blinda el proceso pacificador en su arranque y permite que los excombatientes, quie­nes regresan a la vida civil, tengan confianza en que se les va a cumplir, comentó el diario El Tiempo.

Con la discusión los legisladores es­trenaron el mecanismo de fast track —vía rápida o abreviada—, ava­lado por la Corte Constitucional para analizar y expedir en el Capito­lio las leyes y reformas requeridas en la presente etapa.

También los seis voceros de las FARC-EP, sin derecho al voto, hicieron su debut por todo lo alto. En su primera intervención ante el Con­greso, Imelda Daza —una de las portavoces y dirigente del partido de izquierda Unión Patriótica—, hizo un llamado al perdón.

Hay unos 6 000 guerrilleros pendientes de lo que ocurre aquí para poder trasladarse hacia las zonas veredales transitorias e iniciar el proceso de dejación de las armas, explicó el profesor Jairo Estrada.

Lo que aconteció fue el primer paso para implementar el acuerdo de paz luego de más de 50 años de conflicto armado con las FARC-EP. Adi­cionalmente el Consejo de Estado con­cluyó que hubo engaño, tergiversación de la verdad en la campaña promovida por el CD de cara al plebiscito y ordenó tanto al Gobierno como al Congreso avanzar de forma urgente en la ejecución de lo consensuado con esa guerrilla.  (PL)

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