Los disturbios comenzaron en horas de la madrugada, pero la situación está ya bajo control, dijo el secretario de Administración Penitenciaria del estado de Amazonas, Pedro Florencio, al confirmar la información.
El penal donde ocurrió este domingo la revuelta, indicó el portal G1, es al cual fueron trasladados algunos presidarios del Complejo Penitenciario Anísio Jobim (Compaj), donde entre el 1 y 2 de enero se produjo una masacre que costó la vida a 56 detenidos, la segunda más grande en la historia de Brasil.
En esa misma fecha otros cuatro condenados de la Unidad de Prisión de Puraquequara (UPP), también en Manaus, fueron muertos, mientras 184 reos de las dos cárceles amazónicas se fugaron. Hasta el momento, de acuerdo con fuerzas de seguridad estatales, fueron recapturados 67.
Tras las matanzas en los reclusorios de Amazonas, el viernes último se produjo otro asesinato en masas en la Penitenciaría Agrícola de Monte Cristo (Pamc), la más grande del estado de Roraima, con saldo de 33 presos muertos.
Esta semana el gobierno del presidente Michel Temer, quien catalogó la masacre del Compaj como ‘un accidente pavoroso’, dio a conocer un Plan Nacional de Seguridad que contempla, entre otros puntos, la construcción de nuevas cárceles en las 27 entidades federativas y de cinco prisiones de máxima seguridad.
Mientras, hoy el ministro de Justicia Alexandre de Moraes autorizó el envío de apoyo federal para ayudar en la crisis de los presidios en Amazonas, Roraima (al cual le había negado auxilio en noviembre pasado ante una situación similar) y Mato Grosso.
La masacre en el Compaj -la segunda más sangrienta después de la de 1992 en Carandiru, donde la policía asesinó a 111 presos- fue considerada por la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) no como un hecho aislado, sino ‘reflejo de la crónica situación’ de las cárceles de Brasil.
En un mensaje difundido aquí, la Acnudh exigió a las autoridades brasileñas que se acometa ‘una investigación inmediata, imparcial y efectiva’ de los hechos y que quienes resulten responsables por los mismos sean llevados ante la justicia.
Por su parte, el representante de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para América del Sur, Amerigo Incalcaterra, condenó la ‘extrema violencia’ registrada en los presidios brasileños.
Incalcaterra enfatizó que las violaciones de los derechos humanos son frecuentes en el sistema penitenciario de esta nación suramericana, incluyendo la práctica de la tortura y el maltrato, así como las inadecuadas condiciones de vida en el interior de las unidades.
En ese sentido, recordó que después de visitar Brasil en 2015 el entonces relator de las Naciones Unidas contra la tortura, Juan Méndez, concluyó que la severa superpoblación de las prisiones lleva a crear condiciones caóticas dentro de las mismas.
La ausencia de una política penal y carcelaria en correspondencia con las normas internacionales de derechos humanos en Brasil ha sido señalada reiteradamente por los órganos de la ONU, subrayó Incalcaterra en otra nota emitida a propósito de la matanza ocurrida en la Penitenciaría Agrícola de Monte Cristo, en Roraima.