Brasil cierra hoy otra semana más sin que la Comisión Procesal del Senado Federal defina cuál será la hoja de ruta que seguirá para llevar adelante el juicio político contra la apartada presidenta Dilma Rousseff.
Una reunión del colegiado realizada este jueves con ese propósito debió posponer la aprobación del cronograma de trabajo hasta el lunes próximo, después que el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) intentara reducir en 20 días el período para las alegaciones finales de la defensa y la acusación.
La cuestión de orden fue presentada por la senadora peemedebista Simone Tebet y acatada por el presidente de la comisión, Ricardo Lira, quien ante la airada protesta de legisladores de los partidos de los Trabajadores (PT) y Comunista de Brasil (PCdoB) resolvió que la decisión final sobre acortar o no los plazos la tome el Supremo Tribunal.
Hasta entonces, dijo, no se someterá a votación el programa de trabajo.
En la propia sesión, el relator Antonio Anastasia se negó a aceptar la inclusión de grabaciones recientemente reveladas en las cuales se evidencia que el impeachment para separar a Rousseff del cargo fue motivado, entre otras razones, por la intención de frenar la operación anticorrupción Lava Jato.
Tampoco hizo lugar al pedido de la defensa para que un organismo internacional realizara una pericia económico-financiera y contable sobre los seis decretos suplementarios y las llamadas pedaladas fiscales por los que acusan a la mandataria constitucional de incurrir en un presunto crimen de responsabilidad.
En tales circunstancias, el abogado defensor de Dilma, José Eduardo Cardozo, afirmó que la sesión de trabajo del colegiado corroboraba que hay un golpe de Estado (parlamentario) en curso en Brasil.
Cardozo anunció ayer que interpondrá cuatro recursos ante el Supremo Tribunal Federal por considerar cercenado el derecho a la defensa en el proceso de impeachment.
Para analistas aquí, el intento de acortar los plazos del enjuiciamiento impulsado por el PMDB, que lidera el presidente interino Michel Temer, responde a la inquietud latente en el gobierno provisional ante la posibilidad de que el pleno del Senado pudiera pronunciarse por archivar el juicio político.
En conferencia de prensa realizada el jueves último, el ministro jefe de la Casa Civil, Eliseu Padilha, admitió que existe “preocupación” en el entorno de Temer ante un eventual regreso al poder de Rousseff, apartada de su cargo el 12 de mayo por un periodo de hasta 180 días.
Al menos dos de los 55 senadores que apoyaron la apertura del juicio político sugirieron en las últimas dos semanas que pudieran votar contra la destitución, recordó el diario digital Brasil 247 y puntualizó que en la votación definitiva, una vez concluida la fase procesal, se requerirá para la destitución definitiva del voto de 54 legisladores.
