El Tribunal Constitucional (TC) de España derogó la declaración unilateral de independencia de Cataluña, aprobada el pasado 27 de octubre por el parlamento de esa comunidad autónoma del noreste del país europeo. Además, el pleno del alto tribunal decidió denunciar por desobediencia a sus sentencias a la expresidenta del parlamento de Cataluña Carme Forcadell y a dos de los integrantes de la Mesa, órgano rector de la asamblea legislativa autonómica.
Tras la proclamación de la República catalana por una mayoría secesionista, el gobierno de Mariano Rajoy asumió el control de la próspera región de 7,5 millones de habitantes, en virtud del artículo 155 de la Constitución, nunca antes utilizado en democracia.
Al amparo de esa cláusula, la inédita intervención de uno de los 17 territorios de esta nación ibérica, avalada por el Senado español, permitió a Rajoy destituir a sus autoridades ejecutivas y legislativas y convocar a elecciones regionales el próximo 21 de diciembre.
Ocho miembros de la defenestrada administración catalana están en prisión sin fianza por los cargos de rebelión, sedición y malversación, tras la celebración del referendo del 1 de octubre, prohibido por el Constitucional, y la posterior declaración de la independencia.
El expresidente secesionista Carles Puigdemont y cuatro de sus antiguos colaboradores se encuentran en Bruselas, a la espera de su eventual extradición por la justicia de Bélgica.
Forcadell y otros cinco miembros de la Mesa del Parlamento autonómico están convocados mañana jueves ante el Tribunal Supremo para prestar declaración por los supuestos delitos de rebelión y sedición, entre otros.
Desde la capital belga, Puigdemont acusó a Rajoy de perpetrar un golpe de Estado contra Cataluña y sus legítimos representantes, elegidos de manera democrática en las elecciones del 27 de septiembre de 2015, ganadas por los partidos soberanistas.
