Retos, peligros y avances de la paz en Colombia

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Retos, peligros y avances de la paz en Colombia

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) y el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos en representación del Estado, firmaron hace cuatro años el Acuerdo de Paz, hecho histórico que ponía ante sí innumerables retos.

Se trata del más importante logro alcanzado después de más de ocho procesos de paz a lo largo de 34 años en la nación suramericana, que no concluyeron.

Desde el 24 de noviembre de 2016, la implementación de ese pacto avanza, pero su plena puesta en práctica con el actual mandato de Iván Duque lastra muchos puntos para pacificar el país, de acuerdo con diversas opiniones.

En entrevista vía internet con Prensa Latina, el senador Antonio Sanguino, de Alianza Verde, hizo un balance de lo alcanzado y lo que falta por cumplir tras este paso concretado en La Habana, Cuba, luego de cuatro años de diálogo y negociaciones.

‘Pese a las dificultades en su implementación, el Acuerdo ha permitido defender la vida. A nivel nacional se produjo un desescalamiento de la violencia y el impacto humanitario causado históricamente por el conflicto’, aseguró.

Sanguino precisó que el número de secuestros entre el 2012 y 2019 se redujo en 70 por ciento, las acciones guerrilleras y los atentados contra la infraestructura del Estado también disminuyeron, añadió.

Puntualizó que el Desminado Humanitario permitió que en 2015 se contara con 20 municipios libres de contaminación por minas antipersonales y municiones sin explotar y ahora, en 2020, se extendieron las operaciones a cerca de 720 territorios municipales.

Asimismo, el Acuerdo permitió la entrega de más de ocho mil 894 armas y el proceso de desarme tuvo un nivel de acompañamiento, observación y garantía excepcional por parte de las Naciones Unidas, destacó el político y sociólogo colombiano.

En este sentido, de los 13 mil 360 integrantes de la guerrilla que se acogieron al pacto de La Habana, 12 mil 642 continúan en el proceso de reincorporación a la vida civil y se mantienen en su voluntad de contribuir a la verdad, justicia y reparación, resaltó el congresista.

Sin embargo, de los más de 700 que ya no están en los registros del Gobierno, 230 fueron asesinados, según Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, (FARC), partido nacido del Acuerdo; otros desaparecieron por muerte natural y del resto la Agencia de Reincorporación y Normalización (ARN) no tiene rastro de su paradero, manifestó.

Con respecto al sistema de justicia transicional, algunos datos de la Justicia Especial para la Paz (JEP) permiten establecer que se priorizaron siete macrocasos con base en 271 informes de víctimas y de entidades del Estado, dijo el exconcejal de Bogotá.

Hasta el momento 12 mil 591 personas se sometieron a la JEP, de las cuales nueve mil 759 son excombatientes de las FARC (77,5 por ciento de la totalidad de acogidos al proceso), dos mil 713 de la Fuerza Pública, 107 agentes del Estado y 12 de protesta social, puntualizó.

De los dos mil 59 militares sometidos a la JEP, mil 529 obtuvieron beneficios jurídicos y 104 miembros de la Fuerza Pública acudieron a contar la verdad, detalló.

Agregó a Prensa Latina que la Fiscalía ha remitido 103 mil 224 investigaciones a la JEP, relacionadas con el conflicto armado, entre las cuales hay dos mil 311 en contra de terceros civiles como auspiciadores de la guerra.

‘A pesar de las bondades del Acuerdo, es preocupante el rezago en su implementación. Por ejemplo, para la Procuraduría General de la Nación, en su segundo informe entregado al Congreso, marzo de 2020, solo se había cumplido con el 60 por ciento de los compromisos del Plan Marco de Implementación (PMI) del Acuerdo de Paz, que debía ejecutarse entre 2017 y 2019’, señaló.

En este sentido, solo por mencionar uno de los rezagos más importantes, el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos (PNIS) había vinculado inicialmente a 99 mil 97 familias y el Gobierno nacional se limitó a atenderlas en 56 municipios, no vincularon una sola familia más, lamentó Sanguino.

No se atendieron a las más de 188 mil familias que firmaron acuerdos colectivos, por lo que cerca del 52 por ciento de quienes manifestaron su voluntad no ingresaron al programa, acotó.

Explicó que la desfinanciación del programa es la mayor dificultad, acorde con las resoluciones de asignación de recursos emitidas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Al PNIS se le asignaron 510 mil millones de pesos (139 millones 207 mil 713 dólares) en 2017, 459 mil 70 millones de pesos (unos 126 millones 352 mil 819 dólares) en 2018, 300 mil 799 millones de pesos (alrededor de 82 millones 579 mil dólares) en 2019 y 191 mil millones de pesos (52 millones 575 mil dólares) en 2020.

‘Luego de cuatro años de firmado, el Acuerdo no marcha como debería, los ataques del Gobierno nacional estancan algunos puntos, desconocen otros e incluso han propuesto reformas unilaterales para hacerlo trizas’.

AMENAZAS AL PLENO CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO

En opinión del senador colombiano hay dos factores que tienen en un riesgo inminente al Acuerdo de Paz: la decisión del presidente de la República y de su partido de Gobierno de hacerlo trizas, y el recrudecimiento de la violencia en las regiones de conflicto.

Sobre el primer factor dijo que desde que Iván Duque es presidente de Colombia, desde hace dos años, se ha dedicado a atacar a la JEP, a disminuir el presupuesto destinado a la implementación y a ignorar las peligrosas condiciones de seguridad en las que viven los excombatientes y firmantes del Acuerdo.

‘A la fecha, han sido asesinados 241. De la mano con su indiferencia, viene un discurso de estigmatización permanente por parte del partido de gobierno, el Centro Democrático, contra quienes firmaron el Acuerdo y hoy están comprometidos con la paz y la reconciliación’, enfatizó.

En 2019 vimos cómo las autoridades gubernamentales objetaron la Ley Estatutaria del tribunal de justicia transicional, la JEP, que se creó a partir del Acuerdo, recordó.

Sus objeciones impactaban la columna vertebral de esta jurisdicción y la dejaban sin piso, precisó.

Una coalición por la paz en el Congreso de la República impidió esas objeciones y la ley debió ser sancionada como fue acordada, no obstante, el Gobierno permanentemente irrespeta la independencia de los poderes públicos y ataca la labor que con eficiencia desarrolla la JEP, aseveró.

En palabras del Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, la JEP ha hecho más en tres años de funcionamiento que la justicia ordinaria en 50 años.

‘Las víctimas están acudiendo a este tribunal y a la Comisión de la Verdad, para contar y escuchar sus testimonios. Los victimarios de todos los bandos están acudiendo a reconocer sus responsabilidades y los magistrados están documentando y tomando decisiones, según lo pactado en el Acuerdo’, expresó.

El otro punto crítico para el cumplimiento del Acuerdo es el recrudecimiento de la violencia, manifestó Sanguino.

Si antes de la pandemia de la Covid-19 veíamos cómo grupos disidentes, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y bandas criminales se fortalecían en los territorios que dejaron las extintas FARC-EP, con la llegada del confinamiento los grupos armados ilegales tomaron brutales medidas en contra de la población civil, como denunciaron organizaciones humanitarias, dijo.

Asimismo, ‘en el último año hemos visto cómo se incrementan las masacres en el país y a la fecha, el Instituto de Desarrollo y Paz ha contabilizado 74’.

Este recrudecimiento de la violencia se da frente a la mirada impávida del actual Ministro de Defensa colombiano, Carlos Holmes Trujillo, mientras adelanta su aspiración presidencial, comentó.

Para Sanguino, la indiferencia del Gobierno, su poco compromiso con la implementación, la reducción de recursos para garantizar que el Acuerdo de ejecute en los territorios y garantizar la presencia del Estado es lo que está ahogando al Acuerdo de Paz en estos momentos.

SIGNIFICACIÓN PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

‘En primer lugar, para Colombia es una ventana de oportunidad el hecho que después de 60 años de guerra, tengamos la posibilidad de pasar a un país en paz’, expresó el congresista de Alianza Verde.

Consideró que el Acuerdo asume la paz como el silencio de las armas y el desarrollo socioeconómico de las comunidades más afectadas.

‘Es verdad que todavía hay conflicto, es verdad que sigue el narcotráfico, pero hay una diferencia fundamental: el único reducto de violencia política es el ELN; el resto es violencia criminal’, describió.

De tal manera recalcó que es importante el cumplimiento del Acuerdo de Paz porque permite acabar con la violencia política y, además, aborda problemas estructurales de Colombia sobre los que habría que actuar con acuerdo o sin acuerdo.

Por otra parte, en cuanto a su importancia para la región, ilustró que una Colombia en guerra era un problema porque se convertía en la puerta de entrada de Estados Unidos a América del Sur.

En este sentido, una Colombia en paz permite construir relaciones de confianza con el área y un vínculo menos asimétrico con Estados Unidos, manifestó a Prensa Latina.

(Prensa Latina)


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