Expresidente panameño actuó contra el Estado, según evidencias

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Expresidente panameño actuó contra el Estado, según evidencias Documentación rescatada pone en evidencia que la administración de Ricardo Martinelli (2009-2014) utilizó los mecanismos oficiales a favor de intereses privados en detrimento del Estado, según información de la prensa de ese país.

 

El embajador de Panamá en Italia en 2012, Guido Martinelli, fue instruido el 26 de abril de ese año por la Cancillería para contratar los servicios del abogado Franco Coppi, quien debería asesorar y defender los intereses panameños en casos por corrupción juzgados en tribunales italianos, que involucraron al Istmo, publicó el diario La Prensa.

Sin embargo, ni en la Embajada en Roma, ni en la Cancillería en Panamá, existen reportes del abogado Coppi relacionado con sus gestiones ante los casos penales que involucran a funcionarios panameños vinculados a la compra de equipos al conglomerado italiano Finmeccanica.

Según el actual embajador panameño en Italia, Fernando Berguido, en 2014 reclamó al abogado contratado por el Estado por qué Panamá perdió la oportunidad de participar del proceso penal y su respuesta fue que le dieron “instrucciones de seguir el caso en nombre de Ricardo Martinelli, no de la República de Panamá”, declaró a La Estrella.

En el juicio del Tribunal de Nápoles contra Valter Lavitola, su allegado Mauro Velocci confesó que se pactó facturar el contrato de Finmeccanica en 176 millones de euros, 26 millones más que el precio real, para “pagar comisiones con las que se quedaría el Gobierno” de Panamá.

Agregó que el jurista le comentó que había un conflicto de intereses: “yo no podía representar a ambas partes y mis instrucciones era velar por los intereses de Ricardo Martinelli”; así zanjó Coppi el problema, según Berguido.

El 23 de mayo de 2012, un mes después de que el exministro de Seguridad José Raúl Mulino informara “que Panamá había contratado al abogado Franco Coppi”, el entonces embajador panameño transmitió al letrado sus primeros objetivos, reveló La Prensa.

En un documento con membrete de la Embajada al cual tuvo acceso el medio, el representante del gobierno panameño en Roma preguntó a Coppi sobre las posibilidades de que fueran llamados a declarar el entonces Presidente, su abogado Francisco Martinelli y Roxana Méndez, quien ocupaba la cartera de Gobierno.

Otro elemento que pone en evidencias el uso privado del mecanismo diplomático oficial fue el pago de los honorarios al abogado por 26 mil euros, realizados desde la cuenta privada del embajador, según el rotativo.

“El lunes me comunicaré con el estudio Coppi para pedirles que me envíen la factura a nombre del Sr. RM. A lo mejor usted tendrá ya noticias de la forma de pagamento que usaremos para cubrir la misma”, escribió en un correo Francisco Torres, segundo de la misión, dirigido al embajador Martinelli, quien estaba en Panamá.

Tales manejos impidieron que el Gobierno istmeño se constituyera en parte civil ante tribunales italianos y reclamara indemnización por los perjuicios causados por Lavítola, Velocci y Paolo Pozzessere, a través del contrato de equipos y medios de seguridad entre Finmeccanica y el Estado, concluyó La Prensa.


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