Comisión senatorial recibirá a expertos pro-impeachment de Rousseff

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Especialistas favorables a la admisión de un pedido de juicio político contra la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, expondrán hoy sus puntos de vista ante la comisión especial del Senado Federal que trata el asunto.

 

Los invitados a la sesión de este lunes, confirmó la cámara baja en su sitio web, son el procurador del tribunal de Cuentas de la Unión, Julio Marcelo de Oliveira, y el profesor de Derecho José Mauricio Conti.

El colegiado tiene además pendiente, aunque sin fecha determinada para ello, resolver la cuestión de orden planteada por la legisladora Vanessa Grazziotin, del Partido Comunista de Brasil (PCdoB), quien pidió la suspensión del impeachment hasta que el Congreso examine las cuentas de 2015 del Ejecutivo.

Grazziotin manifestó que el proceso de destitución en curso viola la legislación vigente, pues la acusación contra la jefa de Estado fue presentada en octubre y se refiere al presunto incumplimiento de la meta fiscal anual, cuando aún no había culminado siquiera el plazo para presentar las cuentas del período.

En su anterior sesión, celebrada el pasado viernes y que se extendió por 10 horas, la comisión especial escuchó a la defensa de Rousseff, representada por el abogado general de la Unión, José Eduardo Cardozo, los ministros de Agricultura, Katia Abreu, y de Hacienda, Nelson Barbosa.

Cardozo sostuvo que el impeachment es un trauma que Brasil no merece. Aun si se realizara con apego a las normas constitucionales, el juicio político resulta un proceso traumático; y lo es más cuando en un caso como éste carece de todo sustento jurídico, enfatizó.

Reiteró que para probar la comisión de un crimen de responsabilidad, como el que se le trata de atribuir a Rousseff, “tiene que existir un acto practicado con dolo por la Presidenta y no una percepción política abstracta”.

Aprobar un proceso destituyente sin esas condiciones -advirtió- hará que esto se convierta en un instrumento en manos de la oposición, el cual podrá utilizarse a todos los niveles y convertirá a Brasil en un país cuya estabilidad estará permanentemente amenazada.

El titular de la Abogacía General de la Unión reafirmó asimismo que la denuncia presentada contra Rousseff es frágil, no consigue demostrar la supuesta existencia de un acto ilícito, ofende claramente el principio de la racionalidad y busca criminalizar la política económica del Gobierno.

En ese sentido, el ministro de Hacienda Nelson Barbosa explicó que, contrario a lo que sostienen los autores de la acusación, los decretos suplementarios suscritos por la mandataria no tuvieron ningún impacto sobre la meta fiscal de 2015, la cual además fue cumplida.

También negó que los contratos de prestación de servicios existentes entre el Gobierno federal y los bancos públicos constituyan operaciones de crédito, y advirtió que la criminalización de la política fiscal tiene atado de manos al Ejecutivo.


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