El juicio a 12 líderes políticos y sociales de Cataluña, por su papel en el fallido intento de secesión de esa región española en 2017, comenzó este martes en la sede del Tribunal Supremo (TS) del país europeo.
Por su parte, la Abogacía del Estado rebajó la horquilla de penas a entre siete y 12 años de cárcel, al acusarlos de sedición y no de rebelión, además de los otros delitos.
Todos están acusados de participar de manera activa en la organización de un referendo de autodeterminación, celebrado el 1 de octubre de 2017 pese a su prohibición por la justicia española, y la ulterior declaración de independencia de la región nororiental.
El mismo día en que el Parlamento catalán proclamó unilateralmente la ruptura con esta nación ibérica, el 27 de octubre, el entonces gobierno conservador de Mariano Rajoy destituyó a las autoridades catalanas y asumió el control del próspero territorio.
Tras la inédita intervención de las instituciones de la comunidad autónoma -de 7,5 millones de habitantes-, Rajoy convocó a elecciones regionales, mientras que la justicia, a pedido suyo, abrió una causa para dirimir responsabilidades por el desafío soberanista.
Sin embargo, en esos comicios, realizados el 21 de diciembre de 2017, los partidos secesionistas catalanas renovaron su mayoría absoluta en la cámara autonómica, lo cual frustró la pretensión del otrora gobernante de frenar las aspiraciones del independentismo.
Más de 500 testigos están llamados a declarar ante el TS, incluido el propio Rajoy, en un proceso que se prolongará al menos hasta mayo y cuyo veredicto podría anunciarse tres meses después del final de las audiencias.
Demostrar que los separatistas emplearon violencia para llevar a cabo sus planes será la cuestión central a dirimir en el juicio, pues, de acuerdo con el Código Penal español, ese supuesto es esencial para sostener la acusación de rebelión.
La Fiscalía considera que sí hubo violencia, al aducir que los independentistas ‘contemplaban la utilización de todos los medios que fueran precisos para alcanzar su objetivo, incluida (…) la violencia necesaria para asegurar el resultado criminal pretendido’.
Un relato rechazado de plano por el movimiento independentista, que por el contrario denunció la violencia policial durante la jornada del referéndum, cuando las imágenes de uniformados reprimiendo a votantes inermes dieron la vuelta al mundo.
Diversos juristas y políticos de todas las tendencias ideológicas sostienen que en Cataluña no puede hablarse de intento de golpe de Estado porque no se usó la fuerza, como denuncian de manera reiterada los partidos derechistas Popular y Ciudadanos.
En opinión de esos entendidos, durante la fracasada declaración de independencia no se emplearon armas ni se llamó a la lucha armada o violenta.
La sesión de este martes se limitará en principio a las cuestiones previas de procedimiento, y a ella asiste el presidente regional de Cataluña, el separatista Quim Torra.
