
Luego de más de cinco décadas viviendo y trabajando en esta nación, la estabilidad de esas personas y de sus hijos se vio interrumpida por reformas impulsadas por la primera ministra, Theresa May en 2012, cuando era titular de Interior y por el reciente recrudecimiento de los estatutos.
Muchos de ellos fueron considerados ilegales, se les exigió pruebas documentales por cada año de permanencia en territorio británico, perdieron su trabajo y el acceso a servicios básicos; además de ser deportados o amenazados con esa medida.
Luego de fuertes críticas por lo sucedido, May pidió disculpas a los afectados y la ministra de Interior Amber Rudd se vio obligada a dimitir, tras lo cual fue sustituida por Javid, de 48 años y origen pakistaní.
El recién nombrado titular de esa cartera lidera un proceso de revisión sobre las decisiones tomadas y convocó a los miembros de la generación Windrush y sus familias a presentar sus datos y las afectaciones sufridas.
Los perjudicados tienen hasta el 8 de junio para facilitar dicha información, la cual será utilizada para compensar los daños causados, según indicó el Ministerio en un comunicado.
Durante una comparecencia ante el Comité de Asuntos Internos de la Cámara de los Comunes, Javid señaló que hasta la fecha se recibieron las llamadas de 11 mil 500 personas, de las cuales cuatro mil 482 fueron identificadas como posibles integrantes de ese grupo e investigadas por trabajadores sociales.
Luego de un proceso de indagación más profundo, fueron citadas mil 482 y 526 ya recibieron los documentos que confirman su estatus de ciudadanos y autorizan su permanencia en este país.
No obstante, organizaciones no gubernamentales aseguraron que el número de afectados puede ser mucho mayor, en tanto Javid insiste en afirmar que desconoce las cifras totales de deportados o arrestados injustamente.