Guantánamo.- El Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela rechazó recientemente «la decisión de la Unión Europea (UE) de renovar las sanciones ilegales y criminales aplicadas al pueblo venezolano», así lo publicó hoy el canciller Carlos Faría en su perfil de la red social Twitter, donde, además, aseguró que, basados en sus principios constitucionales, continuarán defendiendo la soberanía.
Venezuela es una de las naciones, como Cuba y Nicaragua, que soportan con frecuencia la imposición de medidas ilícitas, ejecutadas desde el exterior, para castigar a funcionarios llamados «oficialistas», en contravención de los derechos humanos, y sobre todo sin un argumento sólido. Sus efectos alcanzan de manera premeditada a la población y, bajo la irracional idea de «apoyar la democracia», desconocen a un gobierno electo con total apego a la constitución bolivariana, en elecciones libres y de demostrada validez.
Tales hechos son muestra incoherente de un discurso de doble rasero empleado por organizaciones y políticos extranjeros que dicen estar en contra de toda opresión, mientras lo único que hacen es fustigar cualquier forma progresista, toda gestión alternativa que, casualmente, tampoco les permita libertades en suelo ajeno.
De acuerdo con el comunicado del Ministerio de Exteriores venezolano, la ratificación de las medidas coercitivas unilaterales este 11 de noviembre es una anacrónica decisión que «pretende insistir en una estrategia completamente errónea, con la que la UE no ha logrado, en los últimos cinco años, cumplir su objetivo de derrocar al Gobierno Bolivariano» del presidente Nicolás Maduro, o de encauzar un cambio en el rumbo político de ese país, alejado de lo que se encuentra consagrado en la constitución de la nación suramericana.
Recordemos que desde el año 2017 la Unión Europea concibió una lista que periódicamente prorroga y actualiza con nombres de personas vinculadas al gobierno de Maduro, y a quienes asigna restricciones en su territorio. Este tipo de iniciativa no es novedosa; de hecho, es bastante redundante cuando las grandes potencias intentan asfixiar a cualquier costo. El ejemplo más fiel es el bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos hacia Cuba desde hace más de 60 años.
En el caso de Venezuela, desde que asumió la presidencia el Comandante Hugo Rafael Chávez Frías, en 1999, y luego con la gestión de Nicolás Maduro, desde 2013, muchos han sido los intentos por socavar los poderes del pueblo. Hace justamente cinco años, la nación bolivariana vivió, quizás, el punto máximo de una serie de revueltas en forma de «guarimbas», con un saldo deplorable para el país a nivel social y económico. Ciertos sectores expresaban sus inconformidades de manera violenta en las calles, sobre todo en la capital, Caracas, y esa situación de inseguridad más el desabastecimiento provocado por bloqueo, corrupción y desvíos, junto a la tergiversación de la realidad producto de una campaña mediática brutal, hizo que fuera de fronteras se fortaleciera el llamado a recrudecer con iniciativas como estas de la Unión Europea, siguiendo el modelo básico estadounidense.
Sin embargo, el ambiente político entre el bloque regional y Venezuela podría tener un vuelco luego de que el presidente francés Emmanuel Macron expresó recientemente la voluntad de apoyar las negociaciones entre el gobierno bolivariano y secciones de la oposición, una propuesta también respaldada por sus homólogos de Argentina, Alberto Fernández, y de Colombia, Gustavo Petro, durante un encuentro con el líder de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.
Acerca de las sanciones prorrogadas, el comunicado de la cancillería venezolana señala que las consecuencias indirectas limitan el acceso a alimentos, medicinas, insumos primarios, maquinarias, repuestos y equipos necesarios para garantizar los derechos fundamentales y asegurar el normal desenvolvimiento de la sociedad en el país suramericano. Por eso, el documento expresa el repudio a ese tipo de políticas insanas que recurren a herramientas de chantaje político, contrariando los principios democráticos y de derechos humanos, instituyendo una peligrosa práctica contraria a los principios del derecho internacional y la coexistencia pacífica entre los Estados.
Tomado de Cubasí
