Con la presencia del General de Ejército Raúl Castro Ruz, líder de la Revolución Cubana, y de Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, continúa el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular en su X Legislatura.
Para esta jornada final la agenda contempla las presentaciones de los proyectos de leyes de la Salud Pública, de la Fiscalía Militar y del Sistema de Atención a las quejas y peticiones de las personas, además de la actualización del cronograma legislativo para el año 2024.
Está prevista también la aprobación del organismo y el gobierno provincial que rendirán cuenta en el mes de julio ante la ANPP, y del organismo objeto de la más alta fiscalización.
Al iniciar la sesión, Esteban Lazo Hernández, miembro del Buró Político del Comité Central del Partido y presidente del Parlamento y del Consejo de Estado, envió una felicitación en nombre del pueblo cubano a los educadores y trabajadores del sistema educacional cubano.
«Cada uno de ustedes dejan día a día enseñanzas valiosas y hacen sentir lo inestimable que es su trabajo. A través de su vivo ejemplo, su actitud, nobleza, formación y conocimiento forman mejores ciudadanos para el futuro de nuestra Patria», expresó.
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UNA NUEVA LEY DE SALUD PÚBLICA PARA EL PRESENTE Y EL FUTURO DEL PAÍS
Los diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular en su X Legislatura aprobaron la Ley de Salud Pública, un texto normativo que a decir de José Angel Portal Miranda, ministro del sector, es actualizado, integral, protector, construido en colectivo, innovador, ético y comprometido con principios tan medulares como la dignidad humana, coherente, en armonía con el ordenamiento jurídico de la sociedad cubana, inclusivo, necesario y enfocado en los derechos humanos más sagrados que son la salud y la vida de las personas, expresó.
Al presentar esta versión aprobada de Ley, Portal Miranda dijo se trata de un proyecto en el que trabajan desde la aprobación de la Constitución de la República, para el cual se creó un Grupo de Trabajo Intersectorial, para darse la tarea de actualizar la Ley 41 de 1983, que por muchos años acompañó al Sistema de Salud y que fue impulsaba por el salubrista mayor, el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.
Sin embargo, en estos tiempos se hace imprescindible un blindaje jurídico actualizado a tono con la nueva Carta Magna, el Código de las Familias y otras normas de rango superior vigentes de reciente aprobación.
Añadió que este nuevo documento jurídico toma las esencias de su antecesor, a la vez que se perfecciona y enriquece, y trasciende la voluntad política de garantizar el derecho a la salud.
La Ley tiene entre sus principales objetivos desarrollar los postulados constitucionales, reforzar las responsabilidades del Estado con la salud pública a todos sus niveles, así como la introducción al ordenamiento jurídico nacional de los acuerdos adoptados en tratados internacionales.
Pretende, también, establecer los principios para la organización y funcionamiento de los servicios de atención, protección y recuperación de la salud, en aras de garantizar el derecho a la salud de las personas mediante el acceso gratuito y con calidad a estos servicios.
Pondera la actividad de prevención de enfermedades y promoción de salud, así como reconocer las principales herramientas sanitarias, epidemiológicas, técnicas, investigativas, científicas que de forma satisfactoria son práctica diaria en la atención médica y social que recibe el pueblo.
Portal Miranda señaló que, durante el proceso de consulta en las diferentes instituciones, profesionales de la salud a todos los niveles, estudiantes de ciencias médicas y con los diputados, el documento fue enriquecido. Fueron recibidas 569 propuestas, comentarios o recomendaciones, todas fueron atendidas, acotó.
En función de ello, detalló, fueron modificados 98 artículos para llegar a la construcción de la versión 23 que ahora se presenta que tiene: cuatro títulos, 12 capítulos y 210 artículos.
Esta norma también se nutrió de la experiencia y sabiduría médica y política del Comandante de la Revolución José Ramón Machado Ventura, profundo conocedor de la génesis de la salud pública cubana, resaltó.
Reconoció la necesidad de adoptar un nuevo marco jurídico que contribuya a alcanzar nuevos logros en materia sanitaria y continuar trabajando en la misión fundamental del sistema que es elevar el estado de salud de la población cubana.
«Estamos convencidos de la importancia estratégica de contar con una nueva ley de Salud Pública para el futuro y el presente de la Cuba por la que apostamos; digna, inclusiva, respetuosa a las diferencias y de los derechos de todas las personas», aseveró.
Cristina Luna Morales, presidenta de la Comisión de Salud y Deporte de la ANPP, presentó el dictamen, donde manifestó que esta Ley enarbola principios como la autonomía progresiva, interés superior de niñas, niños y adolescentes, el respeto a las voluntades, deseos y preferencias de las personas adultas mayores y de quienes se encuentren en situación de discapacidad, los cuales constituyen directrices a observar en la prestación de los servicios de salud y en el diseño de planes, programas y estrategias del Sistema.
Agregó que reconoce atenciones y procederes médicos de alta complejidad sanitaria y social como los vinculados a servicios de salud sexual y reproductiva, la planificación familiar y la terminación voluntaria del embarazo, las técnicas de reproducción asistida en seres humanos y su acceso sin distinción, como parte del derecho a formar familia de todas las personas.
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UNA LEY QUE DEFIENDE LAS GARANTÍAS HUMANAS COMO PREMISA
El diputado por el municipio de Caimanera, Luis Ángel Tamayo, comentó ante la plenaria que la Ley de Salud Pública que se presenta es una normativa de vanguardia atemperada a la Cuba actual.
Dijo que recoge temas novedosos y cruciales que «eran demandados por nuestros trabajadores» como los principios éticos y bioéticos; reconoce la autonomía, el respeto a la voluntad personal y el derecho a una muerte digna; brinda legalidad e importancia al consentimiento informado, la donación voluntaria de órganos y tejidos.
Taymí Martínez Naranjo, diputada por el municipio Matanzas y Directora General del Hospital Provincial Clínico Quirúrgico Docente Faustino Pérez, aseguró que esta Ley pone en el centro el respeto hacia los seres humanos: «tener una ley que respalde y que acompaña a nuestros pacientes, a sus familias y a las personas que lo asisten, es una garantía para nuestro sistema de Salud; es un verdadero acto de justicia el paciente».
Agradeció al equipo redactor del documento por incluir las sugerencias después de la amplia discusión que generó en los distintos momentos de análisis y enfatizó en que, después de aprobado, es también responsabilidad de los diputados velar por su estricta implementación.
La coherencia que sostiene este Proyecto de Ley con el Código de las Familias, fue destacada por Yamila González Ferrer, diputada por Mantua, quien apuntó también la incorporación de lo dispuesto en el Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres y en la Estrategia integral de prevención y atención a la violencia de género.
El texto incluye una concepción integral desde la prevención, la comunicación, la educación integral de la sexualidad, teniendo en cuenta un enfoque relacional de género y de curso de vida, lo que quiere decir que el Sistema de Salud cubano asume la atención diferenciada a las mujeres.
«Se reconoce el derecho de las personas a decidir si desean o no tener descendencia y el momento para hacerlo preservando, en todo caso, el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos», añadió la también la vicepresidenta de la Unión Nacional de Juristas de Cuba
Esto se expresa, además, en el reconocimiento de que las mujeres deciden sobre la terminación voluntaria del embarazo y plasmarlo de la Ley visibiliza, fortalece y blinda «este derecho humano de las mujeres cubanas que tenemos garantizado en la práctica desde 1965, pero reflejarlo hoy dice mucho de la voluntad política de no retroceder en esta garantía trascendental», concluyó su intervención.
El invitado y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, Leonardo Pérez Gallardo, opinó que «la Ley regula que la dignidad es el sustento y el valor supremo, de acuerdo con la Constitución, y tiene en su centro de atención a la persona humana. Es impensable regular cualquier proceder relativo a la persona humana si no se basa en la dignidad y la Salud en Cuba siempre ha tenido como mayor divisa potenciar, desarrollar y enaltecer la dignidad de los seres humanos».
Adicionó que toma en cuenta los tratados internacionales ratificados por la República de Cuba y defiende que todo ser humano tiene derecho a desarrollar «su proyecto de vida y en él, la muerte forma parte, ya que no es un instante, es un proceso».
Al hacer uso de la palabra, Mariela Castro, diputada de la capital, reafirmó que es crucial contar con una Ley de Salud Pública que consolide y articule un sistema capaza de respaldar la atención de calidad, equitativa e inclusiva para toda la ciudadanía sin ningún tipo de discriminación.
Remarcó que esta normativa es la primera en reconocer, de manera independiente, y en denominar, como tal, los derechos sexuales y reproductivos.
«En la legislación vigente, hasta el momento, como la Ley 41 de 1983, solo se mencionaba en su Sección Segunda la atención materno infantil limitándose a la atención médica de la mujer gestante y el cuidado de sus bebés», profundizó.
Se establecen bases conceptuales sobre la sexualidad, regulan el acceso a los métodos anticonceptivos como un derecho para todas las personas y ratifica la asistencia médica a las gestantes, así como el acceso a los servicios de planificación familiar.
La directora del Cenesex detalló que se presta especial atención a la evaluación de los riesgos antes de la concepción, reconociendo que este tema no solo concierne a las mujeres, sino que implica una responsabilidad de maternidades y paternidades responsables y deseadas.
Por otra parte, Rosa Miriam Elizalde, diputada por Trinidad, resaltó la importancia de la implementación de una estrategia de comunicación social para la gestión de la Salud Pública e hizo énfasis en la necesidad de propiciar la visión e información oportuna, suficiente, transparente y veraz al pueblo.
Antes de cerrar el debate, el Comandante José Ramón Machado Ventura, Héroe de la República, recordó que la Ley va acompañada por un Reglamento en el que se pueden argumentar determinados aspectos o añadir nuevas informaciones sobre el tema.
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REGULAR LA ORGANIZACIÓN, FUNCIONES Y ESTRUCTURA DE LA FISCALÍA MILITAR
La Ley de la Fiscalía Militar –presentado como proyecto y luego aprobado por los diputados en el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional– regula la organización, funciones y estructura de la Fiscalía Militar; así como la elección, designación, revocación y responsabilidad de los fiscales militares.
Su construcción, resaltó Yamila Peña Ojeda, Fiscal General de la República, es resultado del trabajo colectivo, enriquecido en los intercambios y consultas con órganos, organismos y entidades, así como de la decidida contribución de los diputados.
Agregó que su instrumentación se complementa en el Reglamento y en los procedimientos de trabajo internos y contiene las modificaciones recogidas en la Constitución y la Ley No. 160 de 2022.
Además, ratifica que la Fiscalía Militar es un órgano de la Fiscalía General de la República, con independencia jerárquica y funcional y subordinada al Fiscal General.
La legislación identifica los principios rectores que rigen su actividad; determina el alcance de la actuación para garantizar el cumplimiento de la misión, perfecciona los objetivos y funciones, conforme el encargo constitucional y la reforma judicial, procesal y legislativa.
Peña Ojeda comentó que la Leysegura el respaldo legal a las atribuciones del Vicefiscal General, Jefe de la Fiscalía Militar y relaciona las de los fiscales, dentro de los procesos en que se desempeñan; establece los deberes y derechos, la protección y garantía del cargo, pone en lugar predominante la conducta ética y las buenas prácticas, que eleven a planos superiores el prestigio y reconocimiento social de la profesión.
Por otra parte, la diputada Lil Medina Laferté señaló que esta es una normativa trascendental porque los temas que aborda causan un impacto en la legalidad y orden de las instituciones militares.
La misión fundamental de la Fiscalía Militar es realizar la investigación penal, ejercer el control y el ejercicio de la acción penal pública en representación del Estado ante los tribunales militares; así como velar por el estricto cumplimiento de la Constitución, las leyes y demás disposiciones legales, en los ministerios de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Interior.
