Absuelven a activista argentina Milagro Sala de una de las causas judiciales que se le imputan

El Comité por la Libertad Milagro Sala confirmó hoy que la líder social argentina fue absuelta en la causa conocida como Balacera de Azopardo, una de las tantas de las varias que se le imputa.

En un comunicado difundido en internet, la agrupación precisó que este caso, cuyos hechos datan del año 2007, el juez Pablo Pullen Llermanos lo utilizó para detener arbitrariamente a Sala y al dirigente social de la organización Tekure, Alberto Cardozo, recuerda Prensa Latina.

En la causa, cuya sentencia se dictó el pasado año, se señalaba a Sala como autora intelectual de un tiroteo ocurrido en la provincia de Jujuy, que dejó herida a una niña de 11 años.

La imputación contra la dirigente social la realizó el juez en base al testimonio de Jorge Rafael Paés, involucrado en los delitos que se investigaban, precisó el Comité, que durante varios meses ha salido en defensa por la excarcelación de la referente del grupo barrial Tupac Amaru.

Páes, prófugo de la justicia durante dos años, fue sobreseído tras declarar en contra de la también exdiputada del Parlasur.

El Comité agradeció a los abogados defensores de la dirigente social Elizabeth Gómez Alcorta, Paula Álvarez Carrera y Luis Paz y celebró la confirmación de la absolución tras asegurar que se trata de un avance y que continuaran exigiendo su libertad.

La líder de la agrupación Tupac Amaru fue detenida en enero de 2016 bajo la presunta incitación a la violencia y tumulto por encabezar una protesta en la provincia de Jujuy contra los cambios impuestos por el gobernador Gerardo Morales en el sistema y programa de cooperativas y desde entonces le han abierto múltiples causas.

Durante los meses siguientes le abrieron otras causas como la supuesta irregularidad de administración de fondos destinados a construcción de viviendas o como autora de los delitos de asociación ilícita, fraude a la administración pública y extorsión.

Asimismo, se le imputó en otro expediente como coautora de homicidio agravado por precio o promesa remuneratoria.

Tras varios pedidos, finalmente, por intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y mandato de la Corte Suprema de Justicia, el 15 de diciembre de 2017 fue trasladada a una vivienda para continuar con el cumplimiento de la disposición judicial.

Durante estos más de tres años de prisión ha sufrido recaídas en su salud e incluso atentó contra su vida tras afirmar que es víctima de una persecución política y judicial.

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