Guantánamo.- En la provincia más oriental de Cuba prosiguen, como en el resto del país, las acciones y medidas referidas a la Tarea Ordenamiento, entre las que se destacan el proceso de formación de precios – tanto mayorista como minorista – en el que se han registrado cambios en diferentes productos y servicios, como el transporte.
Rosalina Calderín, máxima responsable de la Dirección de Finanzas y Precios en el territorio informó que a partir de inconformidades planteadas por la población y de las orientaciones recibidas por la máxima dirección del país se ha conformado un grupo de trabajo para la revisión de estos particulares.
“Trabajamos a partir de las resoluciones publicadas en la Gaceta Oficial de la República que recogen los precios centralizados de diversos productos y servicios – para su comercialización mayorista y minorista – así como la facultad que tienen los gobiernos locales de topar ciertos precios. Hemos conformado un grupo con expertos de la Universidad de Guantánamo y estamos revisando cada una de las fichas de costo en las empresas y entidades comercializadoras que han tenido a su cargo la confección de nuevos precios y hemos logrado cambios que favorecen a nuestro pueblo.”
Un ejemplo de esto último lo constituye la transformación operada en los precios del transporte, sobre todo en el servicio Rutero y en los Puntos de Embarque – conocidos como Amarillos – que el primero de enero iniciaron prestando el servicio con un coste de 5 pesos y que ahora se modifican a 3 y 2 pesos respectivamente.
“Para este proceso de rectificación de precios, en el que se revisará con atención cada caso, disponemos de seis meses, según lo orientado por la máxima dirección del país, pero estamos trabajando con toda la celeridad posible para que nuestra población sufra la menor afectación. Es preciso que la población contribuya a esta batalla, al enfrentamiento a las ilegalidades y se comunique a través de los canales electrónicos y telefónicos para denunciar cualquier irregularidad, tanto en el sector estatal como en el no estatal.”
La oportuna denuncia de las violaciones de precios, tanto por instituciones estatales como por trabajadores cuentapropistas debe ser una tarea no solo de los integrantes del cuerpo de inspección, sino de la población, para lo cuál se han creado canales telefónicos y virtuales como la aplicación Participación Popular, disponible en la plataforma www.apklis.cu.
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