Guantánamo.- Cuando el 11 de enero de 2002 aquel C-141 Starlifter aterrizó en la ilegal base naval yanqui en la bahía de Guantánamo, en el oriente de Cuba, con los primeros 20 presos por el gobierno de Bush, el hijo…, en su cínica “guerra” contra el terrorismo, pocos avizoraron que el hecho sería la génesis del máximo símbolo actual de la violación de las normas y derechos internacionales.
La triste efeméride fue recordada con protestas en diversas ciudades del mundo, con marchas de activistas vestidos de traje naranja y capucha, representando a los detenidos, y por huelgas de hambre y actos de desobediencia protagonizados por algunos de los 171 reos que permanecen allí secuestrados de forma indefinida, sin derecho a juicio.
Una década después es generalizado el repudio a la existencia de un campo de concentración fuera del alcance de las leyes nacionales e internacionales para encarcelar, interrogar y torturar a personas consideradas “combatientes enemigos” por la soberbia imperial y no prisioneros de guerra, amparados por la Convención de Ginebra.
Ese subterfugio ilegal creó un vacío jurídico que permitió que de los casi 800 prisioneros que llegó a confinar, alrededor de 600 fueron apresados por un plazo muy largo y sin que se presentara cargo alguno en su contra. Por lo menos 22 de los detenidos eran niños, tenían menos de 18 años, cuando fueron capturados.
Hasta ahora han sido acusados formalmente de un delito sólo siete de los reos de la cárcel en la base yanqui que usurpa territorio cubano en contra de la voluntad del pueblo de la Isla, sin embargo dos fueron liberados.
Organizaciones defensoras de los derechos en el tiempo transcurrido documentaron el uso en el sitio de crueles prácticas de tortura para obtener “información” de los reclusos, las que condujeron a la muerte a ocho personas.
De los que permanecen, 89 tienen aprobada su liberación pero no se sabe para cuándo. Otros 46 han sido “aprobados” para detención indefinida y 36 serán sometidos a procesos judiciales militares.
Lo más dramático del caso es que la vasta mayoría de los prisioneros en la base de Guantánamo nunca debieron ser detenidos, pues no existieron jamás razones que lo justificaran, como se ha comprobado luego.
Sin dudas, no tiene precedentes en la historia contemporánea la situación creada por el gobierno norteamericano en el campo de concentración instalado en el ilícito enclave militar.
Su existencia es la demostración fehaciente de que el presidente Barack Obama claudicó ante sus rivales políticos en su intención de clausurarlo, como prometió en uno de sus primeros actos oficiales al asumir la presidencia en 2009, con la firma de una orden presidencial que disponía el cierre del centro de detención “en el lapso de un año”.
Pero la decepción de las organizaciones de derechos humanos y civiles con él es ahora mayor pues se convirtió en el mandatario que firmó la Ley de Autorización de la Defensa Nacional, que incluye un artículo que permite la detención militar indefinida sin derecho a juicio, algo que contradice las obligaciones de los Estados Unidos conforme al derecho internacional.
Con su rúbrica, el 31 de diciembre último, Obama consagró en ley la política de detención indefinida de sospechosos sin cargos o proceso judicial.
El hombre “del cambio”, a todas luces, en este aspecto va en sentido contrario a lo prometido y con su actuar mina el compromiso básico con el estado de derecho, haciendo menos seguro el respeto de las autoridades a ese principio fundamental para los norteamericanos, como han señalado renombrados juristas de ese país.
¿Alguien sensato puede creer la afirmación de su gobierno de que aún está comprometido con clausurar la prisión en la ilegal base naval en la bahía de Guantánamo?
Como ejemplo del cinismo y cobardía política de su “líder”, la actual administración acude a la justificación de que la culpa es de otros, enarbolando el pretexto de que legisladores promovieron una serie de medidas que han frenado el proceso para lograr el objetivo de cerrar la abominable cárcel.
Por desgracia para los cubanos, el campo de concentración instalado en una base cuya existencia en su territorio nacional rechazan, les provoca una doble indignación pues ha hecho costumbre en el mundo de identificar a la prisión con el nombre de Guantánamo.
Duele la engañosa relación con la provincia cubana donde viven, estudian, trabajan y sueñan más de medio millón de personas que además impugnan la vergonzosa práctica de la Casa Blanca de secuestrar a hombres, jóvenes y niños en más de una veintena de países y arrojarlos en una cárcel, al otro lado del mundo, diseñada para funcionar fuera del alcance de la ley, negándoles el derecho a rebatir su detención o impedir ser torturados.
Más de un siglo tiene el contrapunteo entre la provincia cubana y el ilícito enclave, surgido de la implantación de la tristemente célebre Enmienda Platt a la Constitución cubana de 1901.
Su tercera cláusula, según el periodista, escritor, diplomático y político criollo Manuel Márquez Sterling, “rezaba el sistema coercitivo de la ordenanza impuesta como grillete de usurpación a los ideales tronchados de la República sin soberanía”, al permitirle a Washington a intervenir en la Isla cuando estimara necesario.
El enclave durante la república mediatizada fue instrumento de injerencia, respaldó la penetración económica yanqui en Guantánamo y causó prostitución, vicios y el contrabando.
Allí se torturó y mató desde mucho antes de los sucesos del 11-S y el posterior traslado al enclave de cientos de supuestos terroristas.
Todo comenzó casi desde el mismo triunfo de la Revolución, cuando fue torturado el trabajador cubano Manuel Prieto, así como asesinados el obrero Rubén López Sabariego y el pescador Rodolfo Rosell Salas.
Por disparos efectuados desde la base murieron Ramón López Peña y Luis Ramírez López, combatientes de la Brigada de la Frontera, Orden Antonio Maceo, fundada en noviembre de 1961 para salvaguardar la soberanía de Cuba, unidad convertida en un símbolo de la valentía, firmeza y ecuanimidad de Guantánamo, cara a cara al enemigo.
En esto, al pan, pan, y al vino, vino. Sería un acto de elemental justicia que el mundo empezara a mirar a Guantánamo como lo que es, un territorio donde un pueblo decoroso y viril sufre la presencia de la ilegal base naval norteamericana en su bahía y que, en nada, merece ser confundido con el sitio que acumula una historia ignominiosa de diez años de violación del derecho internacional humanitario.
