Guantánamo. Este 3 de diciembre se cumplieron dos años de la detención en Cuba de Allan Phillip Gross, ciudadano norteamericano que purga una condena de 15 años por el delito de actos contra la independencia o la integridad territorial del Estado.
Lo llamativo del momento es la campaña desatada en los Estados Unidos con la intención de satanizar a las autoridades cubanas por el ejercicio legítimo de la defensa de la soberanía nacional, argumentando que el prisionero solo distribuía tecnología de comunicaciones en la comunidad judía de la Isla.
Con la soberbia característica, los voceros de la Casa Blanca, Jay Carney, y el Departamento de Estado, Mark Toner, hicieron cínicas declaraciones en las que exigieron la liberación “inmediata” de Gross, como si desconocieran por qué está encarcelado su conciudadano.
Incluso se “solidarizan” con la familia, omitiendo deliberadamente que el gobierno norteamericano es el único responsable de la situación que afronta ahora en la Isla.
Por su parte, en el Miami Herald un tal Roland J. Behar afirmó que Gross es “un norteamericano cuya pasión ha sido socorrer a los más necesitados en cualquier parte del planeta”, en otras palabras, una “víctima inocente” de la “dictadura castrista”, el cliché acostumbrado para referirse al Gobierno revolucionario cubano.
El legislador Eliot Engel, demócrata por Nueva York, fue más lejos y afirmó que los cargos fueron inventados por La Habana.
Los hechos confirmaron fehacientemente que, en el momento de su arresto, Gross efectuaba un subcontrato para la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional, que pretendía emplear sofisticadas tecnologías en la creación de redes clandestinas de info-comunicaciones, fuera del control de las autoridades cubanas, con las cuales alimentar provocaciones contrarrevolucionarias. El programa de la USAID tenía como blancos esenciales el sector juvenil, centros universitarios, culturales, religiosos, grupos femeninos y raciales.
Como sentenció el intelectual norteamericano Saúl Landau, “Cuba lo atrapó con las manos en la masa”.
Gross afirmó que fue utilizado y engañado por la Development Alternatives Inc., empresa contratista de la USAID, para enviarlo a Cuba como parte de los programas para fomentar la subversión en nombre de la “democracia” yanqui. Además acusó a la DAI “de haberlo puesto en peligro y conducirlo a su situación actual; de arruinar la vida y la economía de su familia".
Triste es que alguien esté desorientando a la familia de Gross y haya incitado a su madre, Evelyn, afirmar que él solo había distribuido “algunos celulares”, en un video dirigido a las autoridades cubanas.
La Casa Blanca, el Departamento de Estado, la USAID y DAI, saben bien que suministraba tecnología de telecomunicaciones a grupos mercenarios financiados por Washington, con el objetivo de subvertir el orden constitucional cubano.
Para poner más en evidencia la aureola de mentiras y cinismo que rodea al asunto, es el continuo desmentido de miembros de la congregación judía en Cuba, incluyendo su presidenta, Adela Dworin, al intento de camuflar los verdaderos motivos del accionar de Gross, alegando que pretendía distribuir computadoras y equipos electrónicos entre esa comunidad en la Isla.
Aquí aflora el doble rasero que en muchos asuntos caracteriza a la política de Washington. Por un lado, obstaculiza el acceso de los cubanos a Internet, impidiendo el empleo de los cables submarinos de comunicaciones de alta velocidad, propiedad de compañías norteamericanas, y, por el otro, lo facilita a los mercenarios que trabajan para sus objetivos subversivos en la Isla.
La pérfida intención es crear una élite informática con alta tecnología que actúe como su “portavoz” en Cuba, elabore las mentiras que serán amplificadas en el exterior por los poderes mediáticos del imperio y sus aliados, así como disemine en el interior contenidos sediciosos dirigidos a minar la demostrada confianza del pueblo en su Revolución.
Mientras Estados Unidos ha recortado otros programas hacia el exterior, mantiene intactos los 20 millones de dólares anuales para la subversión contra Cuba, que incluso se prevén con el mismo monto en el presupuesto federal solicitado para el 2012.
Si son ciertos los alegatos de Gross de que fue utilizado y engañado por la Development Alternatives Inc. y la USAID, es algo deplorable, pero aquí se aplica el principio de que el desconocimiento de la ley, en este caso las leyes cubanas, no lo eximen de acatarla y está claro que las violó, a pesar de descocada afirmación del legislador Eliot Engel.
Ahora se esgrime dramáticamente la situación de salud actual de Gross y las consecuencias que su apresamiento en Cuba ha tenido para la familia, para exigir su liberación inmediata por cuestiones humanitarias.
Seguros estamos de que el detenido recibió y recibe toda la atención jurídica y sanitaria a que tiene derecho, pero es evidente que la decisión de liberarlo o no corresponde soberanamente al Gobierno cubano.
Si Gross y su familia afrontan una delicada situación es porque son víctimas de la política obcecada, errada y fracasada, que mantiene Washington respecto a Cuba, en la que esencial es la derrota de la Revolución y la reconquista de la neocolonia perdida en 1959. La USAID es la culpable directa.
Asimismo es lamentable que políticos norteamericanos insistan en que la Casa Blanca no negocie con La Habana la liberación de Gross, como es el caso de Ileana Ros-Lehtinen, la más encumbrada representante de la mafia gusano-yanqui en el Congreso, quien se ha opuesto a la adopción de cualquier acuerdo en ese sentido con las autoridades cubanas.
En otras palabras, exige al gobierno estadounidense cumplir su obligación de asistirlo oficialmente y abandonar al reo a su suerte, lo que equivale prácticamente condenarlo a morir en prisión, pues tiene 61 años de edad.
Como ficha ganadora, se echó mano a la actual campaña dirigida, supuestamente, a lograr la liberación de Gross.
“El momento ahora es por Allan Gross”, gime dramáticamente el tal Roland J. Behar en el Miami Herald, pero cada vez más la cruzada denota el afán de usar desvergonzadamente el asunto para desacreditar al Gobierno de la Isla.
En este punto no nos podemos sustraer de señalar el paralelismo con el caso de los cinco héroes antiterroristas cubanos, pero son opuestos las causas y propósitos que persiguen los reclamos por sus liberaciones.
Mientras Gerardo Hernández, René González, Antonio Guerrero, Ramón Labañino y Fernando González, fueron condenados injustamente por proteger a su país de las acciones criminales de grupos terroristas radicados en los Estados Unidos, sin que ello pusiera en peligro n i en un tantito a la seguridad nacional de ese país, Gross, de manera deliberada o inconsciente, viajó a Cuba para minar su dignidad, independencia, autodeterminación y soberanía.
Por último, recordar que la Seguridad del Estado cubano se forjó una bien ganada fama enfrentando con éxito las agresiones de todo tipo planeadas y organizadas por la CIA y sus acólitos, contra la Isla y sus dirigentes.
Cuba no va a admitir que ciudadano de nación alguna venga a participar en los planes sediciosos encaminados a truncar el rumbo socialista que la inmensa mayoría del pueblo de la Isla eligió para sí.
No se puede venir a bailar en la casa del trompo.
