Guantánamo.- Este 2 de noviembre se cumplen 45 años de la puesta en vigor en los Estados Unidos de la llamada Ley de Ajuste Cubano, sin dudas, uno de los más criminales y cínicos instrumentos de la hostilidad de las administraciones yanquis contra el pueblo cubano y su Revolución.
La legislación concede la admisión provisional en territorio norteamericano a los emigrantes cubanos que arriben por vías ilegales y dispone que, al pasar un año y un día de haber llegado, se les otorgue la residencia definitiva.
El engendro legal es la columna vertebral de la malintencionada política migratoria del gobierno de los Estados Unidos respecto a la Isla digna e independiente.
Tiene el objetivo esencial de desestabilizar la sociedad cubana, desacreditar el modelo socialista, robar su capital humano y sentar las bases para la creación de movimientos contrarrevolucionarios encargados de realizar acciones terroristas y agresivas.
La tristemente célebre ley es una muestra evidente de la postura recalcitrante de Washington respecto la nación caribeña, en su propósito de rendir a la Revolución Cubana.
Recordemos que antes del 1 de enero de 1959, los ciudadanos cubanos que pretendían viajar o radicarse en los Estados Unidos debían someterse a los mismos procedimientos legales como cualquier ciudadano de otro país.
Pero el asunto cambio radicalmente al triunfar la Revolución. Desde entonces el gobierno de los Estados Unidos aplicó una política migratoria controvertida y hasta violatoria de sus propias leyes, pues se dirigió, en un primer momento, a ofrecer protección y asilo expeditos a los asesinos, esbirros, torturadores, malversadores y ladrones de la tiranía batistiana.
Posteriormente Washington pasó a estimular la emigración ilegal de ciudadanos cubanos hacia ese país, dando prioridad a los profesionales y personal calificado.
De forma paralela, el gobierno norteamericano fue reduciendo las vías de salida legal de Cuba e incrementando el otorgamiento del estatus de refugiado a todo nacional cubano que arribara a ese país.
Según publicaciones diversas, entre 1959 y 1962 hacia los Estados Unidos emigraron 274 mil cubanos, de los cuales los primeros 70 mil ingresaron sin que mediara trámite migratorio alguno.
De esa época es la abominable Operación Peter Pan con la cual más de 14 mil niños cubanos fueron virtualmente secuestrados por Estados Unidos, cuando sus padres fueron engañados con la falsa noticia de la supresión de la patria potestad, propalada por grupos contrarrevolucionarios organizados por los servicios de inteligencia yanquis.
Es importante señalar que la Revolución nunca impidió las salidas legales del país hacia Estados Unidos o hacia cualquier otro lugar del mundo, requiriendo siempre el cumplimiento de los trámites establecidos para este proceso.
Por el contrario, las diferentes administraciones norteamericanas sí continuaron estimulando las salidas ilegales y por consiguiente la visa dejó de ser un trámite necesario para ser recibido en Estados Unidos.
Los que llegaban a territorio estadounidense sólo tenían que autoproclamar su posición en contra de la Revolución, para convertirse automáticamente en "exiliado o refugiado político" que “huía” de Cuba.
Cuando la Revolución encabezada por Fidel Castro los derrotó en Playa Girón y se alzó como digno rival en la Crisis de Octubre (o de los Misiles), los gobernantes norteamericanos optaron por interrumpir el flujo migratorio legal de cubanos hacia los Estados Unidos y estimular abiertamente las salidas ilegales.
El propio presidente John F. Kennedy anunció que los cubanos que llegaran a Estados Unidos directamente desde la Isla serían recibidos como refugiados, mientras que los que buscaran entrar desde terceros países serían considerados extranjeros y quedarían sujetos a todas las restricciones migratorias norteamericanas.
En otra palabras, todo aquel que saliera de Cuba secuestrando aviones o embarcaciones, al precio incluso de vidas humanas, o se arriesgara a cruzar el Estrecho de la Florida como balsero, sería recibido con los brazos abiertos.
Ahí está la génesis de la política migratoria criminal, inmoral y discriminatoria de los Estados Unidos contra Cuba, cuya máxima expresión es la Ley de Ajuste Cubano, promulgada el 2 de noviembre de 1966.
Esa política cínica provocó las oleadas migratorias de Camarioca, en 1965; del Mariel, en 1980, y la llamada crisis “de los balseros”, en 1994.
Mariel condujo a conversaciones entre Cuba y los Estados, fundamentalmente por el interés cubano de alcanzar acuerdos con su contraparte que garantizara la emigración legal, ordenada y segura hacia la nación norteña.
Pero el incumplimiento reiterado de la cuota acordada para el otorgamiento de visas por parte del gobierno yanqui, prevista en el Acuerdo de Normalización de las Relaciones Migratorias, de 1984, como forma de alentar las salidas ilegales del país, hizo detonar “la crisis de los balseros”.
Eso provocó el establecimiento del Acuerdo Migratorio del 9 de septiembre de 1994 y la Declaración Conjunta del 2 de mayo de 1995.
Pero Washington se ha dedicado sistemáticamente a su descarado incumplimiento y, simultáneamente, mantiene con vida a la Ley de Ajuste Cubano.
El engendro es conocido como la ley asesina, pues animados por sus cantos de sirena, ciudadanos cubanos han muerto intentando llegar por mar al “paraíso” ofrecido en el norte.
Ahora, a su empecinada aplicación se vincula el tráfico de personas, en operaciones organizadas, desde territorio norteamericano, por delincuentes vinculados a la mafia gusano-yanqui cuyos politiqueros en Washington han impulsado el mantenimiento de la asesina ley, como parte de la guerra política y psicológica contra Cuba.
Las autoridades de la Isla digna e independiente, en cambio, han cumplido rigurosa y estrictamente con el espíritu y la letra de los acuerdos migratorios establecidos.
La Habana ha tomado medidas ejemplarizantes contra los traficantes de personas, sin recibir colaboración alguna del gobierno estadounidense.
Cuba continuará denunciando públicamente a esta “ley asesina”, continuará alertando sobre los graves riesgos y peligros que provoca y no dejará de denunciar a los responsables de su aplicación anacrónica, insensata y criminal vigencia.
