El también encargado para las negociaciones intergubernamentales reconoció que la Carta de la ONU obstaculiza acabar con esa impedimenta y sugirió apelar a otras opciones para limitar su uso por los únicos beneficiarios: EE.UU., Reino Unido, China, Francia y Rusia.
Al dirigirse a la Asamblea General, Benítez propuso anular el veto -obtenido por esas potencias al término de la Segunda Guerra Mundial- en el seno del Consejo, mediante el voto afirmativo de determinada cantidad de miembros de esa organización mundial.
Afirmó que el concepto de autocontrol voluntario del ejercicio del veto por los miembros permanentes, es insuficiente e inaceptable.
Asimismo, opinó que esto debe ocurrir sin que se establezcan criterios selectivos o discriminatorios para permitir ejercer el derecho a una proporción adecuada de países subdesarrollados, mientras el veto siga vigente.
Sólo de ese modo, aseveró, los menos aventajados económicamente podrán incidir de manera real en la dinámica del Consejo de Seguridad.
Benítez aseguró que la Isla no favorece el ingreso de nuevos miembros permanentes sin veto, porque eso creará una nueva categoría de integrantes del Consejo y propiciará el desequilibrio a favor de los cinco miembros permanentes.
Igualmente, enfatizó que no hay justificación para que los países subdesarrollados que ingresen en esa condición tengan un status menor que los que la ostentan hoy, por eso la Mayor de las Antillas apoya plenamente el justo reclamo de los países africanos.
No podrá hablarse de una verdadera y profunda reforma del Consejo de Seguridad, sentenció, si la cuestión del veto queda relegada o ignorada.
