Guantánamo (Redacción Solvisión) A un año del golpe de Estado en Honduras, la crisis política económica y social continúa y crece la convicción de que una salida al conflicto pasa por la convocatoria a una Asamblea Constituyente para refundar el país.
Después de Haití, Honduras es la nación más atrasada del hemisferio occidental, con más del 70 por ciento de la población en la pobreza, fenómeno acentuado en el área rural, donde el índice alcanza 85 por ciento.
Este país, de siete millones 500 mil habitantes, es también uno de los más desiguales y sólo 10 poderosas familias controlan el 90 por ciento de las riquezas.
Cuando el 28 de junio de 2009, el presidente Manuel Zelaya convocó a una encuesta para conocer la opinión de la ciudadanía en torno a futuras reformas constitucionales, militares encapuchados, en contubernio con la oligarquía, perpetraron un golpe de Estado.
La ley primigenia de la nación, aprobada en 1982 bajo la tutela de una dictadura, no responde a los intereses de las mayorías y contiene siete artículos pétreos que impiden realizar cambios respecto a la forma de gobierno y distribución de los recursos.
Zelaya responsabilizó con la asonada a una élite muy voraz que maneja política y económicamente a Honduras, y se opone a cualquier modificación a la carta magna que afecte sus intereses.
"El golpe fue una tragedia para Honduras y para la democracia latinoamericana", reflexionó el ex mandatario al recordar el primer aniversario de su secuestro y destierro a Costa Rica.
El régimen de facto encabezado por Roberto Micheletti, que usurpó el poder, desató una brutal represión contra los opositores, suspendió las garantías constitucionales y clausuró y militarizó medios de prensa.
Durante los seis meses de dictadura se registraron unas cuatro mil 200 violaciones a los derechos humanos, más de 40 miembros de la resistencia antigolpista fueron asesinados, cinco jóvenes masacrados en marchas pacíficas y hubo más de tres mil detenciones.
En un intento por legitimar la asonada, el régimen convocó a elecciones el pasado 29 de noviembre y dos meses después asumió el poder Porfirio Lobo, del Partido Nacional.
Pero el gobierno nacido bajo el golpe de Estado es débil, enfrenta una creciente ingobernabilidad, una ola de violencia sin precedentes y aún no ha sido reconocido por muchos países, sobre todo de América Latina.
Desde la toma de posesión de Lobo, las organizaciones sociales registraron más de 700 agresiones por motivos políticos, entre ellas los asesinatos de 12 dirigentes populares y nueve periodistas.
Aquí prevalece el clima de impunidad, los autores del golpe no han sido castigados y muchos de sus protagonistas ocupan actualmente puestos clave en instituciones civiles.
La ruptura institucional hizo retroceder al país a los peores años de las dictaduras de la segunda mitad del siglo pasado, pero también colocó con fuerza a un nuevo actor en la vida hondureña: el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP).
El FNRP sobrevivió a la represión, a los toques de queda, al hostigamiento contra sus líderes y realiza marchas en todos los departamentos para recoger un millón 200 mil firmas para reclamar el retorno de Zelaya y la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente.
"Ha sido un año de lucha, de protestas y de rechazo al golpe de Estado y un año de sufrimiento de la resistencia, pero a la vez es el surgimiento de la unidad popular", dijo Juan Barahona, coordinador nacional del FNRP.
La principal bandera del FNRP es lograr una carta magna inclusiva, para el pueblo, que permita corregir las enormes desigualdades sociales.
"La lucha del frente es la misma por la que Zelaya fue derrocado", precisó Barahona y añadió que el propósito es redactar una nueva constitución para hacer los cambios políticos, económicos y sociales que el país necesita y proyectar a Honduras hacia el futuro.
