Los Estados Unidos mantiene ilegalmente una base naval en Cuba contra la voluntad de su pueblo. Esta instalación se encuentra en la Bahía de Guantánamo, una de las mayores de la isla. Dista 64 kilómetros de Santiago de Cuba, la segunda ciudad en importancia del país, y 920 kilómetros de su capital La Habana.
Abarca un área de 117,6 kilómetros cuadrados (49,4 de tierra firme y el resto de agua y pantanos). Delimita una línea de costa de 17,5 kilómetros. La bahía posee buenas características en cuanto a profundidad, seguridad y capacidad, pero actualmente carece de importancia estratégica.
La Enmienda Platt, bochornosa ley del Congreso de Estados Unidos impuesta a la primera Constitución cubana a principios del siglo XX, bajo la amenaza de que de no aceptarse la isla permanecería ocupada militarmente, estableció la obligación de ceder porciones de territorio para instalaciones militares del poderoso vecino.
No tardó en ponerse en práctica esa exigencia. En diciembre de 1903 Estados Unidos tomó posesión "hasta que lo necesitaren" de la Bahía de Guantánamo, mediante la imposición de un leonino tratado. Desde entonces y durante más de medio siglo fue centro de estímulo a la prostitución, el juego y las drogas, y de un abierto intervencionismo.
Desde el triunfo de la Revolución en 1959, la base ha sido fuente de provocaciones y agresiones, tanto de las tropas del enclave como de contrarrevolucionarios que allí encontraron refugio, muchos de ellos después de cometer crímenes y otras fechorías.
En 1961 personal de la Base provocó la muerte a golpes de un obrero cubano y menos de un año más tarde fue secuestrado, torturado y asesinado un humilde pescador.
Dos soldados cubanos resultaron asesinados en 1964 y 1966, respectivamente, por disparos realizados desde esa instalación norteamericana. Son muchas las violaciones del espacio aéreo, marítimo y terrestre cometidas, junto a diversas provocaciones como disparos, lanzamiento de piedras, proferir ofensas y otras muchas.
Los ejercicios de las tropas norteamericanas han provocado daños ecológicos irreparables al entorno, incluso han estacionado allí submarinos nucleares. Violando hasta el ilegal tratado que Estados Unidos esgrime para mantener su presencia militar, la base fue convertida en 1994 en campamento de refugiados, en gran parte haitianos, y aún se utiliza ocasionalmente para esto fines.
Ante tales hechos Cuba ha asumido invariablemente una actitud firme y serena, no se ha dejado provocar ni intimidar. Los combatientes de la Brigada de la Frontera, unidad de las Fuerzas Armadas Revolucionarias encargada de la defensa de este límite fronterizo artificial, son ejemplo de preparación profesional, valor y disciplina.
Las máximas autoridades cubanas han declarado en muchas ocasiones que no aceptarán ninguna negociación con respecto a este territorio ilegalmente ocupado que no sea la retirada incondicional de las tropas extranjeras allí acantonadas contra la voluntad expresa del pueblo de Cuba. Con igual seriedad el gobierno cubano ha ratificado que no intentará recuperar sus legítimos derechos mediante la fuerza y esperará pacientemente a que la justicia se imponga tarde o temprano.
Desde 2002, una porción de la base ha servido como campo de detención para más de cuatrocientos prisioneros considerados como “combatientes enemigos” capturados por las fuerzas estadounidenses en Afghanistán durante la invasión a ese territorio y luego en la ocupación a Iraq.
En franca violación a la Convención de Ginebra, a ninguno de los detenidos en ese campo de tortura se les ha presentado cargo formalmente, no han sido sometidos a juicio alguno y se les niega el derecho a un abogado por lo cual la administración de George Bush ha sido objeto de múltiples críticas en todo el mundo.
Recientemente los jueces de la Corte Suprema de los Estados Unidos emitieron un fallo donde constata que no hay autoridad para hacerles juicios militares a los encarcelados en la Base Naval de Guantánamo.
Solo diez de los 460 detenidos que aún permanecen en Camp Delta y sus secciones de máxima seguridad, han sido llevados a esos tribunales que ahora la Corte Suprema declara ilegales.
Sin embargo, aunque loable y digna, la decisión de la Corte Suprema se queda corta en lo esencial: el centro de detención de la Base Naval de Guantánamo —repudiado y denunciado por la comunidad internacional, incluidas instituciones de las Naciones Unidas, la Cruz Roja Internacional, organizaciones defensoras de los derechos humanos, y últimamente hasta por sus aliados europeos—, debe ser clausurado.
En puridad, los cubanos añaden que la Corte Suprema de Estados Unidos debiera también promover el cierre de la Base Naval de Guantánamo y la devolución de ese territorio robado a Cuba.
